Estados Unidos ha anunciado su decisión de no participar en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un proceso de revisión de derechos humanos programado para noviembre de 2025 en Ginebra. Esta medida, que sigue a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump emitida en febrero de 2025, representa una continuación de la postura de desvinculación de EE. UU. del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, iniciada en 2018.
El Departamento de Estado de EE. UU. justificó la decisión citando el presunto fracaso persistente del Consejo en condenar a violadores de derechos humanos y su percibido sesgo contra Israel. El EPU, establecido en 2006, es un mecanismo de revisión por pares donde los 193 estados miembros de la ONU son evaluados sobre sus registros de derechos humanos cada 4.5 a 5 años. Estados Unidos había participado en tres ciclos anteriores, y su revisión más reciente concluyó en noviembre de 2020.
Organizaciones de derechos humanos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y PEN America han criticado duramente la decisión. La ACLU afirmó que esta acción sitúa a EE. UU. entre los violadores de derechos humanos y sienta un precedente que alienta a los autócratas, mientras que PEN America lo considera un retroceso en los compromisos de EE. UU. con la libertad de expresión y los derechos humanos.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado defendió la medida, argumentando que la participación en los EPU implicaría la aprobación del mandato y las actividades del Consejo, que consideran comprometidos por sus fracasos en abordar abusos significativos de derechos humanos por parte de ciertos estados miembros, como China y Cuba. El gobierno de EE. UU. sostiene que sigue comprometido con la promoción de los derechos humanos a nivel mundial a través de otras vías.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su pesar por la decisión de EE. UU., enfatizando el valor del compromiso constructivo. Estados Unidos boicoteó previamente al Consejo entre 2006 y 2009, antes de reincorporarse bajo la administración Obama, lo que evidencia una relación fluctuante con el organismo. Las preocupaciones de EE. UU. se han centrado en el enfoque desproporcionado del Consejo hacia Israel y la inclusión de países con historiales de derechos humanos cuestionables entre sus miembros.
La retirada actual señala un cambio de enfoque por parte de EE. UU., priorizando una necesidad percibida de evitar la complicidad con un organismo internacional que consideran defectuoso. Los críticos advierten que esta desvinculación socava los esfuerzos globales en materia de derechos humanos y podría servir de excusa para que otras naciones con malos historiales de derechos humanos hagan lo mismo.