El gobierno provisional de Perú, bajo la dirección del nuevo Presidente José Jeri, ha implementado un régimen de estado de emergencia de treinta días, el cual entró en vigor a la medianoche del 22 de octubre de 2025. Esta medida excepcional abarca la región metropolitana de Lima y la colindante Provincia Constitucional del Callao. La determinación es una respuesta directa al dramático incremento de la violencia y la extorsión perpetradas por grupos de crimen organizado, evidenciando la ineficacia de los enfoques de seguridad previos.
La esencia de las disposiciones adoptadas radica en otorgar facultades a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles y colaborar estrechamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) con el propósito primordial de restablecer el orden público. La declaración del estado de emergencia conlleva la restricción temporal o la suspensión de ciertas garantías constitucionales de los ciudadanos. Específicamente, se ven afectadas la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio en las zonas consideradas más vulnerables. Esta acción gubernamental se produce en un contexto de significativa agitación social, donde los ciudadanos han manifestado su descontento públicamente, exigiendo medidas inmediatas y contundentes contra la criminalidad.
La justificación estadística que respalda esta decisión muestra una dinámica delictiva sumamente preocupante: el número de casos de extorsión registrados se ha disparado en un 540%, pasando de 2,396 incidentes reportados en 2023 a 15,336 durante el año 2024. Lima se mantiene como el epicentro indiscutible de esta actividad criminal. El Presidente Jeri, quien asumió el cargo el 10 de octubre de 2025 tras el proceso de destitución del anterior jefe de Estado, ha subrayado que este crecimiento desproporcionado de la delincuencia inflige un daño incalculable al país y marca el inicio de una nueva etapa en la lucha contra las amenazas a la seguridad ciudadana.
Las autoridades, incluido el Primer Ministro, conciben esta medida como un catalizador indispensable para impulsar transformaciones más profundas, entre ellas, la revisión de reformas integrales del sistema penitenciario. No obstante, diversos analistas señalan que un énfasis excesivo en los métodos de fuerza y la imposición del estado de emergencia podría desviar la atención de la necesidad de introducir cambios sistémicos. Existe la preocupación de que la centralización de las decisiones en Lima, incluso mediante programas como el “Plan Perú Seguro”, no garantice una respuesta efectiva a la criminalidad en las regiones, donde las administraciones locales carecen de la inversión necesaria en estrategias de prevención. Por consiguiente, el plazo de treinta días del régimen de emergencia se convertirá en una prueba crucial. Su éxito se medirá no solo por el número de detenciones realizadas, sino por la capacidad del gobierno para aprovechar esta crisis y sentar las bases a largo plazo para la armonización de la vida social y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.