El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el 19 de septiembre de 2025 para restablecer las sanciones económicas sobre Irán, marcando un cambio significativo en la política internacional respecto al programa nuclear del país. Esta decisión revierte el alivio de sanciones previamente otorgado bajo el acuerdo nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).
La resolución, propuesta por Corea del Sur, buscaba detener el "snapback" automático de las sanciones de la ONU. Sin embargo, la votación resultó en nueve miembros oponiéndose al alivio de las sanciones, cuatro a favor y dos abstenciones. Como consecuencia, las resoluciones previas del Consejo de Seguridad que imponen sanciones, que datan de 2006, se han reinstaurado automáticamente. Estas medidas prohíben el enriquecimiento de uranio por parte de Irán e imponen restricciones en el comercio de armas, las finanzas y el transporte marítimo.
La "tríada europea" – compuesta por Francia, Alemania y el Reino Unido – fue fundamental en la activación del mecanismo de "snapback", argumentando que Irán había incumplido sus compromisos bajo el JCPOA. Citando la acumulación de uranio altamente enriquecido por parte de Irán, la expansión de su infraestructura de enriquecimiento y la falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), estos países consideraron que las acciones de Teherán eran inaceptables.
Irán, por su parte, ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de sesgadas políticamente y reafirmando su compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Esta reimposición de sanciones surge en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio, especialmente en relación con Israel. Las preocupaciones internacionales sobre las ambiciones nucleares de Irán y la gestión de la seguridad regional han sido un factor constante.
Históricamente, Israel ha llevado a cabo ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes, lo que subraya la volatilidad de la situación en la región. La comunidad internacional ha estado monitoreando de cerca el programa nuclear de Irán durante décadas, imponiendo sanciones progresivas desde 2006 para presionar a Teherán a detener sus actividades de enriquecimiento. La efectividad de estas sanciones en la consecución de sus objetivos, al tiempo que se evitan consecuencias humanitarias no deseadas o una mayor escalada, será un aspecto clave a observar en el futuro.
La economía iraní ya ha sentido el impacto de las sanciones anteriores, con informes que indican una disminución significativa en las exportaciones y un aumento en la volatilidad económica tras la intensificación de las medidas, especialmente a partir de 2012. A pesar de las declaraciones de Irán sobre su programa nuclear con fines pacíficos, los analistas y el OIEA han expresado preocupaciones sobre sus avances, particularmente en lo que respecta a la producción de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado militar. La situación actual refleja la compleja dinámica geopolítica y los desafíos persistentes para lograr un consenso internacional sobre la gestión de las ambiciones nucleares de Irán y la seguridad regional.