La Comisión Europea ha emitido una contundente resolución antimonopolio, imponiendo sanciones que superan en conjunto los 157 millones de euros a tres de las casas de moda de lujo más prominentes: Gucci, Chloé y Loewe. Este fallo histórico tiene como objetivo principal erradicar prácticas anticompetitivas que, según el regulador, inflaron artificialmente los costos para los consumidores finales y restringieron significativamente la capacidad de elección en el mercado de alta gama.
El núcleo de las acusaciones se centró en la imposición ilegal de políticas de precios a sus minoristas independientes. Esta estrategia, conocida como dictado de precios de reventa (RPM), obstaculizó la competencia natural del mercado, impidiendo que los distribuidores ofrecieran condiciones más favorables a los compradores. La Comisión determinó que, aunque actuaron de manera independiente, los tres gigantes de la industria intervinieron directamente en las estrategias comerciales de sus socios, buscando mantener una imagen de exclusividad y precios uniformes a toda costa.
Las investigaciones revelaron que los mecanismos de control empleados por las marcas eran variados y estrictos. Estos incluían la exigencia de adherencia rigurosa a los precios minoristas recomendados, el establecimiento de límites máximos a los descuentos permitidos y la determinación forzosa de los periodos específicos en los que se podían llevar a cabo las rebajas. La presión ejercida era tal que, en ciertos casos, la Comisión señaló que las marcas llegaron incluso a prohibir temporalmente a los distribuidores ofrecer cualquier tipo de concesión o rebaja. El objetivo subyacente era claro: forzar a los socios a respetar las mismas tarifas y condiciones que regían en los canales de venta directa de las propias marcas, eliminando cualquier incentivo para la competencia interna.
Las sanciones financieras se distribuyeron de la siguiente manera, reflejando la gravedad y duración de las infracciones. Gucci, propiedad del grupo Kering, recibió la multa más elevada, ascendente a 119,7 millones de euros, por infracciones que se extendieron desde abril de 2015 hasta abril de 2023. Por su parte, Chloé, bajo la gestión de Richemont, fue multada con 19,7 millones de euros por el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y abril de 2023. Finalmente, Loewe, que forma parte del portafolio de LVMH, deberá pagar 18 millones de euros por las prácticas realizadas entre diciembre de 2015 y abril de 2023. Es fundamental destacar que las tres empresas cooperaron activamente con el organismo regulador y admitieron sus fallos, lo que resultó en una reducción sustancial de las cuantías iniciales de las multas.
En un movimiento que subraya la seriedad con la que la industria está tomando este asunto, Kering confirmó que los riesgos financieros asociados a este litigio ya fueron considerados y provisionados en sus informes contables correspondientes al primer semestre de 2025. Este hecho demuestra una clara disposición a adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias.
El veredicto de la CE establece un precedente poderoso para todo el sector del lujo, marcando un antes y un después en la forma en que las grandes corporaciones interactúan con sus redes de distribución. Los representantes de la Comisión han sido enfáticos al señalar que la competencia de precios en Europa constituye un derecho inalienable de cada consumidor, sin importar dónde adquiera el producto. La interrupción de estas prácticas de control estricto sobre la flexibilidad de precios abre un nuevo panorama económico. Esto no solo permite a los minoristas ejercer su perspicacia comercial y ofrecer mejores ofertas, sino que también facilita que el valor real del producto se revele a través de la dinámica natural de la oferta y la demanda, promoviendo un entorno de mercado más justo y transparente para todos los actores involucrados.