El presidente de Estados Unidos ha firmado una directiva secreta que autoriza al ejército estadounidense a llevar a cabo operaciones directas, incluyendo el uso de la fuerza en suelo extranjero, contra cárteles de la droga latinoamericanos. Esta política, firmada el 8 de agosto de 2025, permite al Departamento de Defensa iniciar acciones militares en el mar y en territorios controlados por estos cárteles, designando a varios de ellos como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Entre los grupos mencionados se encuentran el Cartel de Sinaloa de México, Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador, Tren de Aragua de Venezuela y el Cartel de los Soles, que se cree está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido un firme defensor de esta postura, abogando por la reevaluación de los cárteles como grupos terroristas armados. Rubio enfatizó que la designación SDGT permite el uso de "todos los elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia el DoD" para atacar a estos grupos. Si bien la orden abre la puerta a la intervención militar directa de EE. UU., el informe no especificó qué países podrían enfrentar operaciones ni las consecuencias si las fuerzas locales se resisten a la acción estadounidense.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que no existe riesgo de intervención militar de EE. UU. en México, aclarando que, si bien su gobierno fue informado de una próxima orden de EE. UU., esta no implica el despliegue de tropas estadounidenses. El Departamento de Estado de EE. UU. y el Departamento de Justicia han aumentado la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. El Cartel de los Soles fue designado como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) en julio de 2025.
Esta directiva representa una escalada significativa en el enfoque de EE. UU. para combatir el narcotráfico y la violencia asociada en América Latina. La designación de estos cárteles como organizaciones terroristas otorga a EE. UU. mayores facultades legales para combatirlos, transformando el problema de una cuestión de aplicación de la ley a una de seguridad nacional. La medida se alinea con la prioridad del presidente de proteger la patria, utilizando todos los recursos disponibles para neutralizar amenazas transnacionales. Las discusiones han abarcado desde el uso de destructores navales para lanzar misiles hasta una mayor colaboración con las autoridades mexicanas.
Sin embargo, la efectividad a largo plazo de estas operaciones militares sigue siendo incierta, dado que los cárteles han evolucionado de estructuras verticales a más de 500 grupos diversos que operan en todo el país. Históricamente, operaciones como la "Operación Snowcap" (1987-1995) demostraron ser la operación antinarcóticos más grande lanzada en América Latina, involucrando a agentes de la DEA y fuerzas militares en nueve países. A pesar de su éxito inicial en la reducción del flujo de cocaína colombiana, la operación finalmente transfirió el control del narcotráfico de los cárteles poderosos a los cárteles mexicanos. La administración actual busca evitar tales resultados al considerar un enfoque multifacético que incluye inteligencia, cooperación y la posibilidad de acciones militares directas, aunque México ha reiterado su firme rechazo a la presencia de tropas estadounidenses en su territorio. La orden abre la puerta a despliegue militar directo en terceros países, una práctica sin precedentes en la guerra antidrogas. Especialistas apuntan que esta iniciativa implica serios desafíos legales y el riesgo de víctimas civiles y tensiones diplomáticas con gobiernos afectados.