La opinión pública se vio sacudida en octubre de 2025 tras las inquietantes declaraciones que sugerían que China había logrado acceder a información gubernamental del Reino Unido de naturaleza sumamente sensible. Estas graves imputaciones, formuladas por Dominic Cummings, quien fuera asesor principal del ex primer ministro Boris Johnson, pusieron de manifiesto las posibles debilidades inherentes al sistema de manejo de información crítica en el país.
Cummings detalló que tanto él como Johnson fueron informados en 2020 sobre un incidente de gran magnitud que implicaba la vulneración de material clasificado como «Strap», la designación utilizada para la documentación de inteligencia de carácter extraordinariamente secreto. El exasesor insistió en que la infraestructura fundamental empleada por el aparato estatal británico para el intercambio de datos sensibles había permanecido vulnerable «durante muchos años». Además, manifestó su disposición a compartir información más exhaustiva con los miembros del Parlamento si se iniciaba una investigación formal. Estas revelaciones han intensificado de inmediato el escrutinio sobre los protocolos de protección de la información clasificada dentro de las estructuras gubernamentales.
No obstante, las autoridades oficiales, incluyendo el Gabinete de Ministros y el antiguo director del Centro Nacional de Ciberseguridad, han refutado categóricamente la versión de que los sistemas utilizados para la circulación de los materiales «Strap» fueran comprometidos en 2020. Esta marcada discrepancia en los testimonios surge en un momento delicado, en medio de la controversia generada por un caso de espionaje vinculado a China que recientemente fue archivado, lo que ha provocado fricciones políticas significativas.
En este contexto de tensión, sigue vigente la aplicación de la Ley de Seguridad e Inversión Nacional (NSIA) de 2021, que entró en vigor el 4 de enero de 2022. Esta legislación otorgó al gobierno facultades para examinar e intervenir en operaciones comerciales con el fin de salvaguardar los intereses nacionales. La NSIA se mantiene como una herramienta esencial para el cribado de inversiones. Es notable que, durante el periodo de informe 2023/2024, las adquisiciones que involucraban a inversores chinos representaron el 41% de todas las solicitudes de evaluación de seguridad profunda, constituyendo la cifra más alta entre todos los países inversores.
Si bien el gobierno británico busca mantener una relación constructiva con China en áreas como las tecnologías limpias y los servicios financieros, el marco legal, ejemplificado por la NSIA, actúa como un baluarte de la soberanía. La situación exige que todos los actores involucrados desarrollen conscientemente líneas de defensa internas, entendiendo que la resiliencia nacional depende intrínsecamente de la vigilancia constante frente a las influencias y flujos de información externos, especialmente cuando la seguridad de datos clasificados está en entredicho.