La administración del presidente Javier Milei en Argentina está llevando a cabo una ambiciosa agenda de reformas económicas, centrada en la privatización de empresas estatales y una amplia desregulación. Estas medidas, que se extienden desde junio de 2024 hasta octubre de 2025, buscan modernizar la economía argentina y atraer inversión extranjera, generando un panorama de oportunidades y desafíos para las compañías internacionales con operaciones en el país.
Un pilar fundamental de estas reformas es la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada en junio de 2024. Esta legislación otorga al ejecutivo facultades para desregular diversos sectores económicos y laborales, y habilita la privatización de empresas públicas. Entre las privatizaciones destacadas se encuentra la de IMPSA, una empresa del sector energético, cuya adquisición por parte de la firma estadounidense ARC Energy se concretó en octubre de 2024, con el compromiso de mantener operaciones y empleos. Asimismo, en febrero de 2025, el Banco de la Nación Argentina fue transformado en una sociedad anónima, abriendo la puerta a la capitalización, aunque el Estado mantiene una participación mayoritaria. En julio de 2025, se inició el proceso de privatización de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.), la empresa de agua y saneamiento que provee servicios a 3.8 millones de hogares en Buenos Aires y sus alrededores, con planes de transferir el 90% de sus acciones a inversores privados.
Paralelamente, la desregulación busca eliminar trabas burocráticas y flexibilizar el mercado. La eliminación del régimen de licencias de importación (SIRA) y la simplificación de trámites para el comercio exterior facilitan la entrada de bienes y reducen los obstáculos para las empresas extranjeras. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece protecciones significativas a los inversores, incluyendo estabilidad regulatoria por 30 años, una tasa de impuesto a las ganancias reducida al 25% y exenciones de impuestos futuros. Estas medidas buscan crear un entorno más predecible y seguro para la inversión a largo plazo, un cambio notable respecto a la volatilidad previa.
Sin embargo, estas transformaciones no están exentas de complejidades. La eliminación de subsidios y la eliminación de controles cambiarios, si bien buscan la estabilidad macroeconómica y han llevado a una disminución de la inflación mensual a alrededor del 3.5% desde picos del 25%, también han generado un aumento en los costos de financiamiento para muchas empresas locales. Se ha observado un incremento en los defaults corporativos desde finales de 2024, afectando a sectores como el de servicios públicos, papel y energía. Empresas con mayor acceso a mercados internacionales, como YPF o Telecom Argentina, han logrado obtener financiamiento en el exterior, mientras que otras enfrentan mayores desafíos.
La estrategia del gobierno de Milei, aunque elogiada por organismos como el FMI por la estabilización macroeconómica, presenta un escenario de "destrucción creativa" a nivel microeconómico. Las empresas deben adaptarse a un entorno regulatorio y financiero en constante cambio, evaluando cuidadosamente el impacto de estas reformas en sus operaciones y estrategias a largo plazo. La apertura del mercado y la eliminación de barreras, si bien prometen un futuro más dinámico, también exigen una mayor resiliencia y capacidad de adaptación por parte de las compañías internacionales que operan en Argentina.