En octubre de 2025, la Federación Rusa estableció formalmente el marco legal para la utilización de criptomonedas en la liquidación de transacciones de comercio exterior. Esta determinación crucial formalizó el Régimen Legal Experimental (RLE), el cual había sido puesto en marcha en septiembre de 2025, marcando un hito significativo en la reevaluación de las interacciones financieras internacionales del país. El Ministro de Finanzas, Anton Siluanov, comunicó que esta legalización simplemente estaba ordenando una práctica que ya era común y activa entre las empresas: el pago de importaciones y la transferencia de fondos a través del mercado de criptoactivos. Esta respuesta de carácter pragmático busca garantizar la fluidez y continuidad de los canales de pago externos en un entorno marcado por las restricciones y limitaciones vigentes.
A pesar de que esta medida alivia la presión del régimen de sanciones, los entes reguladores insisten en que la supervisión y el control siguen siendo una prioridad absoluta. Para mitigar los riesgos inherentes a la volatilidad de los activos digitales y el potencial uso indebido, se ha instaurado un riguroso sistema de vigilancia. La responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las normas AML (Antilavado de Dinero) y KYC (Conozca a su Cliente) recaerá sobre el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring). Es imperativo destacar que todas las transacciones dentro de este nuevo esquema deberán canalizarse exclusivamente a través de una infraestructura regulada, la cual estará bajo el control directo del Banco Central. Es fundamental subrayar que esta legalización está estrictamente limitada a las actividades económicas exteriores; la circulación interna de criptomonedas continúa prohibida, reflejando el objetivo político de salvaguardar la estabilidad del rublo.
En una declaración reciente, Vladimir Chistyukhin, el Vicepresidente del Banco Central, reveló que se está evaluando la posibilidad de permitir que las entidades bancarias participen en operaciones con activos digitales. No obstante, esta participación estaría sujeta a la implementación de severas limitaciones en términos de capital y normativas de reserva. Este movimiento estratégico no solo busca modernizar el sistema financiero, sino que también contribuye a fortalecer los lazos comerciales con naciones que no se han adherido al régimen de sanciones, mencionando específicamente a socios clave como China, India y Turquía, consolidando así nuevas rutas de intercambio.
Paralelamente a la legalización de las operaciones controladas, la Fiscalía General está intensificando sus esfuerzos para reprimir las actividades no reguladas. El 21 de octubre, el Fiscal General, Alexander Gutsan, anunció que se están desarrollando normativas legislativas destinadas a establecer responsabilidades por la organización ilegal de la circulación de moneda digital. Esto incluye disposiciones para la incautación de dichos activos y su posterior conversión en ingresos para el Estado. Esta acción establece una línea divisoria clara y punitiva entre el comercio exterior sancionado y la actividad clandestina, subrayando el compromiso del sistema de adaptarse a los desafíos externos, transformando los obstáculos en oportunidades para el desarrollo de su propia arquitectura financiera.