La Unión Europea está fortaleciendo activamente sus lazos comerciales con naciones latinoamericanas, destacando acuerdos recientes con el Mercosur y México. Esta estrategia busca diversificar las alianzas económicas y consolidar la posición de la UE en el escenario global, al mismo tiempo que enfrenta desafíos regulatorios en el ámbito digital con Estados Unidos.
En abril de 2025, la UE y los países del Mercosur culminaron un acuerdo comercial histórico, eliminando aranceles y ampliando el acceso europeo a los mercados latinoamericanos. Este pacto crea la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de habitantes y un peso aproximado del 20% del PIB global, representando un hito en la cooperación interregional. El acuerdo busca no solo beneficios económicos, sino también fortalecer la cooperación política y ambiental, incluyendo un compromiso para erradicar la deforestación para 2030, posicionándose como un contrapeso a la influencia económica de China en la región.
Paralelamente, en mayo de 2025, la UE y México actualizaron su acuerdo comercial existente. El nuevo pacto introduce disposiciones clave para el comercio digital, la manufactura y la agricultura, profundizando la integración económica y sentando un precedente para marcos regulatorios comunes basados en valores compartidos. Estos movimientos forman parte de una iniciativa más amplia de la UE para modernizar acuerdos clave con América Latina, buscando diversificar alianzas frente al unilateralismo estadounidense y la creciente influencia china.
En este contexto, la UE se enfrenta a la tarea de implementar y defender su Ley de Mercados Digitales (DMA) y su Ley de Servicios Digitales (DSA), normativas diseñadas para regular a las grandes empresas tecnológicas dentro del mercado único europeo. Estas regulaciones imponen costos anuales de cumplimiento de hasta 2.200 millones de dólares a las empresas estadounidenses, generando preocupación en Estados Unidos. Un estudio del CCIA Research Center estima que estas normativas podrían costar a las empresas estadounidenses hasta 97.600 millones de dólares anuales, incluyendo costos de cumplimiento, multas potenciales y pérdidas de ingresos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con represalias, incluyendo aranceles y restricciones a la exportación, contra países que implementen impuestos digitales o regulaciones que afecten a las empresas tecnológicas estadounidenses, calificando estas normativas europeas como barreras discriminatorias. En respuesta, la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha instado a la UE a mantener una postura firme, enfatizando la necesidad de defender la autonomía regulatoria y los valores de protección al consumidor de la UE, declarando que la UE no puede aceptar imposiciones de terceros países y defenderá su soberanía legislativa.