El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado un nuevo proyecto de ley destinado a restaurar la independencia de las agencias anticorrupción del país, tras una ola de protestas y críticas tanto internas como internacionales. Esta iniciativa busca revertir las medidas anteriores que habían colocado a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) bajo el control directo del fiscal general, un cargo designado por el presidente.
La aprobación de la ley que subordinaba estas instituciones al fiscal general generó manifestaciones en varias ciudades ucranianas, incluyendo Kiev, donde miles de ciudadanos expresaron su descontento. Las protestas fueron las primeras de tal magnitud desde el inicio de la invasión rusa en 2022, reflejando la preocupación pública por la posible erosión de la independencia judicial y los avances democráticos alcanzados en los últimos años.
La Unión Europea y otros socios internacionales también mostraron su preocupación por la reforma, advirtiendo que podría representar un retroceso en el Estado de derecho y afectar las aspiraciones de Ucrania de integrarse al bloque comunitario. En respuesta a estas presiones, Zelenski anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley que garantiza la autonomía de las agencias anticorrupción y protege el sistema legal de influencias externas.
Este desarrollo subraya la importancia de mantener instituciones independientes en la lucha contra la corrupción, un componente esencial en el proceso de reformas de Ucrania y en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea.