En agosto de 2025, una iniciativa federal liderada por el presidente Donald Trump ha puesto su mira en los campamentos de personas sin hogar en Washington D.C., generando considerable debate. La "Fuerza de Tarea para Hacer D.C. Segura y Hermosa" movilizó a 800 efectivos de la Guardia Nacional y policías locales con el objetivo de despejar asentamientos ubicados cerca de puntos de referencia federales y rutas presidenciales.
Esta operación comenzó con el desalojo de un campamento cercano al Kennedy Center, otorgando a sus residentes un aviso de 24 horas para reubicarse. La intervención se produce tras la declaración de emergencia por criminalidad en el Distrito de Columbia por parte del presidente Trump el 11 de agosto de 2025, lo que resultó en la colocación de la policía de la ciudad bajo control federal y la activación de la Guardia Nacional. Cientos de miembros de la Guardia Nacional y agentes federales fueron desplegados para patrullar áreas clave junto a la policía local. La operación está en curso, con planes de desalojar campamentos adicionales en los próximos días.
Defensores de las personas sin hogar han expresado su preocupación por la naturaleza contundente de esta operación. La Casa Blanca ha advertido sobre posibles acciones legales contra aquellos que se nieguen a abandonar los campamentos. Los críticos argumentan que esta iniciativa prioriza la imagen de la ciudad sobre la resolución de las causas fundamentales de la falta de vivienda. La administración Trump sostiene que la demostración de fuerza es crucial para restablecer el orden y la ley, mientras que sus detractores la consideran una extralimitación federal.
Investigaciones adicionales revelan que las operaciones de desalojo de campamentos de personas sin hogar en ciudades importantes de Estados Unidos han aumentado en los últimos años, a menudo impulsadas por preocupaciones de salud pública y seguridad. Un informe de 2023 de la Red Nacional de Personas sin Hogar detalló un incremento del 15% en los desalojos de campamentos en comparación con el año anterior, citando la falta de viviendas asequibles y el acceso limitado a servicios de salud mental como factores contribuyentes. La efectividad a largo plazo de estas medidas para reducir la población sin hogar sigue siendo un tema de intenso debate entre los responsables políticos y las organizaciones de defensa.
La administración Trump ha enfatizado la necesidad de un enfoque más firme para abordar la crisis de personas sin hogar en la capital del país, argumentando que los campamentos representan un peligro para la salud pública y la seguridad. Sin embargo, organizaciones como el Centro Nacional de Leyes sobre la Pobreza han señalado que tales acciones a menudo desplazan a las personas sin ofrecer soluciones duraderas, exacerbando el problema a largo plazo. La tensión entre la necesidad de mantener el orden público y la obligación de proporcionar asistencia humanitaria subraya la complejidad de la crisis de personas sin hogar en entornos urbanos.