Laurent Saint-Cyr, representante del sector privado, asumió la presidencia del Consejo Presidencial de Transición de Haití, marcando un hito en la historia política del país al ser la primera vez que el sector privado ostenta ambas ramas del poder ejecutivo. Esta transición se produce en un contexto de grave crisis de seguridad y humanitaria, exacerbada por la escalada de violencia y secuestros perpetrados por pandillas. La capital, Puerto Príncipe, sufre un alto nivel de inseguridad, con pandillas controlando hasta el 90% de la ciudad, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 1.3 millones de personas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Entre enero y junio de 2025, se registraron más de 3,100 muertes y 336 secuestros con fines de rescate.
La situación de violencia se extiende a áreas como Kenscoff, donde una misión respaldada por la ONU, compuesta por policías kenianos, sufrió la destrucción de vehículos blindados y lesiones a sus oficiales en enfrentamientos con pandillas. Un incidente particularmente grave fue el secuestro de ocho personas, incluyendo a la misionera irlandesa Gena Heraty y un niño, del orfanato Sainte-Hélène el 3 de agosto de 2025. Como respuesta, la organización Nos Petits Frères et Sœurs cerró sus instituciones en Haití. La comunidad internacional, a través de la Embajada de EE. UU. en Haití y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, ha advertido sobre intentos de soborno dirigidos a desestabilizar el país, elogiando al consejo de transición por su rechazo a la corrupción. Sin embargo, la efectividad de la misión de la ONU para frenar la violencia de las pandillas sigue siendo un desafío, con informes que indican un éxito limitado.