El 7 de agosto de 2025, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan propuesto por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu para la ocupación militar de Ciudad de Gaza, la urbe más grande de la Franja de Gaza. El objetivo declarado es lograr el control total de la ciudad por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), con la intención de facilitar asistencia humanitaria a civiles en áreas no involucradas en combate. El plan se fundamenta en cinco principios clave: el desarme de Hamás, la repatriación de todos los rehenes israelíes, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad israelí sobre el territorio y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina.
La decisión se tomó a pesar de las objeciones del Jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, quien advirtió sobre los riesgos para la vida de los rehenes y los recursos militares necesarios. La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Israel a detener de inmediato el plan, subrayando que contraviene la resolución de la Corte Internacional de Justicia que exige el fin de la ocupación israelí y viola el derecho de autodeterminación de los palestinos. Líderes de países como el Reino Unido, España, Turquía y Australia también condenaron el plan, expresando preocupación por la escalada del conflicto y sus consecuencias humanitarias. Alemania ha anunciado la suspensión de las exportaciones de equipo militar a Israel para su uso en Gaza. La situación en Gaza sigue siendo crítica, con la población enfrentando condiciones de vida cada vez más difíciles. Informes recientes indican que la guerra en Gaza ha resultado en un número significativo de víctimas, con cifras que superan las 61,000 muertes y más de 152,000 heridos palestinos desde el inicio del conflicto. La población civil en Ciudad de Gaza, estimada en alrededor de un millón de personas, muchas de ellas desplazadas repetidamente, se enfrenta a la perspectiva de un desplazamiento forzado, con un plazo hasta el 7 de octubre de 2025 para evacuar la ciudad, según funcionarios israelíes.