Una investigación de las Naciones Unidas sobre la violencia de los colonos israelíes y las transferencias de armas relacionadas con el conflicto de Gaza se enfrenta a graves obstáculos debido a una significativa escasez de financiación.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, establecida en mayo de 2021, no puede avanzar en la recopilación de pruebas ni en la contratación de personal debido a la falta de fondos. La investigación, ampliada en 2024 para incluir pruebas sobre transferencias de armas a Israel y la violencia de los colonos, corre el riesgo de no poder presentar sus informes obligatorios para marzo de 2026.
Esta falta de financiación refleja problemas financieros más amplios dentro del sistema de la ONU, impulsados por la fatiga de los donantes y las medidas de austeridad. Una acumulación de cuotas obligatorias impagadas por parte de los Estados miembros, incluida una suma considerable adeudada por Estados Unidos, ha agravado una crisis de liquidez de larga data en la ONU. Como respuesta, el organismo mundial planea reducir su presupuesto en un 20%.
Navi Pillay, presidenta de la comisión, ha declarado que la investigación ya no puede cumplir sus compromisos y que las investigaciones operan actualmente con un nivel de personal del 50%. El Consejo de Derechos Humanos se enfrenta a la tarea de abordar otras crisis con recursos igualmente limitados. La comisión ha sido objeto de críticas por parte de Israel, que ha condenado habitualmente sus acciones. Los tres miembros de la comisión dimitieron el mes pasado, pero continuarán en sus funciones hasta que se nombren nuevos miembros.
Estas limitaciones financieras que afectan a la investigación de la ONU forman parte de una tendencia más amplia de desafíos de financiación dentro del sistema de la ONU, lo que repercute en los esfuerzos mundiales de rendición de cuentas por presuntos abusos. La crisis de financiación de la ONU, que afecta a numerosas investigaciones sobre derechos humanos en todo el mundo, como las relativas a Ucrania, Sudán y Haití, subraya la interconexión de los desafíos globales. La falta de fondos no solo paraliza las investigaciones en curso, sino que también pone en peligro la capacidad de la ONU para cumplir sus mandatos de supervisión y rendición de cuentas.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un compromiso renovado por parte de la comunidad internacional para garantizar la financiación adecuada de las operaciones de derechos humanos de la ONU, permitiendo así que se siga trabajando en la búsqueda de justicia y la protección de las poblaciones vulnerables en todo el mundo.