Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que la mayoría de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump son ilegales, al argumentar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga al presidente la autoridad para imponer tales gravámenes.
La decisión, emitida por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en una votación de 7-4, representa un revés significativo para la política comercial del expresidente. El tribunal determinó que la IEEPA, una ley de 1977 utilizada típicamente para sanciones económicas en situaciones de emergencia nacional, no fue concebida para otorgar al presidente un poder ilimitado para imponer aranceles. La corte señaló que el Congreso, al redactar la IEEPA, no utilizó el término "arancel" ni sus sinónimos, y que otras leyes demuestran que cuando el Congreso pretende delegar dicha autoridad, lo hace explícitamente. Esta interpretación se alinea con el principio constitucional que otorga al Congreso la facultad de establecer impuestos y regular el comercio, según el Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos.
La administración Trump había justificado la imposición de estos aranceles, que afectaron a una amplia gama de importaciones de países como China, Canadá y México, declarando déficits comerciales persistentes y flujos de drogas transfronterizos como emergencias nacionales. Sin embargo, el tribunal cuestionó esta lógica, afirmando que la ley "otorga una autoridad significativa al Presidente para emprender una serie de acciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente el poder de imponer aranceles, impuestos o similares, o el poder de gravar".
La decisión del tribunal de apelaciones se produce en respuesta a demandas presentadas por pequeñas empresas estadounidenses y 12 estados liderados por demócratas, quienes argumentaron que la IEEPA no autoriza los aranceles presidenciales y que la autoridad arancelaria constitucionalmente reside en el Congreso. La magnitud de los aranceles recaudados, que ascendían a $159 mil millones para julio de 2025, subraya la importancia económica de este desafío legal.
Como resultado de la decisión, los aranceles se mantendrán en vigor hasta el 14 de octubre de 2025, lo que permite a la administración Trump buscar una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El expresidente Trump ha criticado la decisión como "altamente partidista" y ha expresado su confianza en que la Corte Suprema la revertirá, advirtiendo que la eliminación de los aranceles sería un "desastre total para el país".
Si bien el Congreso ha delegado cierta autoridad al ejecutivo a lo largo del tiempo, como se observa en leyes como la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232) que permite al presidente ajustar aranceles en función de amenazas a la seguridad nacional, la base legal de los aranceles impuestos bajo la IEEPA ha sido objeto de intenso escrutinio. La falta de limitaciones procesales y sustantivas claras en la IEEPA para la imposición de aranceles ha sido un punto clave en el argumento del tribunal. La posibilidad de que se deban reembolsar miles de millones de dólares en aranceles recaudados añade una capa de complejidad financiera a la situación. Esta resolución judicial pone de relieve la tensión continua entre el poder ejecutivo y el legislativo en la formulación de la política comercial, y el resultado final ante la Corte Suprema podría tener implicaciones duraderas para la autoridad presidencial en materia económica y el futuro de las relaciones comerciales de Estados Unidos.