El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha vetado una legislación que extendería la ayuda financiera a los refugiados ucranianos, una decisión que ha desencadenado un intenso debate sobre las prioridades nacionales y el futuro de las relaciones de Polonia con Ucrania. El veto, emitido el 25 de agosto de 2025, justo después del Día de la Independencia de Ucrania, coloca al gobierno del primer ministro Donald Tusk en una posición política delicada y plantea interrogantes sobre el compromiso a largo plazo de Polonia con Ucrania.
Nawrocki justificó su decisión argumentando que los beneficios para los niños ucranianos deberían estar condicionados a la empleabilidad de sus padres en Polonia. Asimismo, expresó su descontento con la atención sanitaria actual para los refugiados ucranianos, sugiriendo que los ciudadanos polacos enfrentan condiciones más restrictivas. Como respuesta, el presidente propuso su propia legislación, enfocada en la reorganización de los beneficios sociales y la atención médica, el endurecimiento de los requisitos de naturalización y el aumento de las sanciones por cruces fronterizos ilegales.
La decisión del presidente ha provocado fuertes reacciones. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, advirtió que el veto podría poner en peligro la financiación polaca del servicio de internet satelital Starlink para Ucrania, calificando la medida de un "regalo para las fuerzas de Putin" y un "apuñalamiento por la espalda" a Ucrania. La continuidad del servicio de Starlink, vital para la conectividad en zonas de conflicto, se ve ahora incierta, ya que la base legal para la financiación polaca expira a finales de septiembre de 2025.
Desde el punto de vista económico, los refugiados ucranianos han tenido un impacto positivo en Polonia. Estudios de Deloitte para ACNUR indican que en 2023, los refugiados ucranianos contribuyeron entre el 0,7% y el 1,1% al PIB polaco. Se estima que entre 225.000 y 350.000 refugiados ucranianos trabajan en Polonia, aportando más en impuestos y contribuciones a la seguridad social de lo que reciben en beneficios. Un informe de la Universidad de Varsovia sugiere que los ucranianos han pagado aproximadamente 2.000 millones de euros en impuestos, superando significativamente los gastos del país en ayuda a los refugiados.
Sin embargo, la opinión pública polaca ha mostrado un cambio. Una encuesta de Ipsos a finales de 2024 reveló que el 51% de los encuestados considera que los beneficios sociales para los ucranianos son excesivos, y un informe de febrero indicó que el 96% deseaba una reducción de la ayuda financiera. Este sentimiento podría estar influyendo en las decisiones políticas, alineándose con la agenda nacionalista del presidente Nawrocki, quien prometió una política de "Polonia Primero".
Históricamente, las relaciones entre Polonia y Ucrania han estado marcadas por tensiones, particularmente en relación con el nacionalismo ucraniano, incluyendo figuras como Stepan Bandera y organizaciones como la UPA, responsables de masacres de polacos durante la Segunda Guerra Mundial. El veto de Nawrocki, que incluye propuestas para prohibir la glorificación de Bandera, reaviva estas sensibilidades históricas y añade una capa de complejidad a las relaciones bilaterales.
La situación actual refleja una profunda división política en Polonia, con el presidente Nawrocki actuando como un contrapeso a la agenda del gobierno de Donald Tusk. El veto presidencial no solo afecta a los refugiados ucranianos en Polonia, sino que también tiene implicaciones geopolíticas significativas, especialmente en lo que respecta a la conectividad de Ucrania a través de Starlink y la posición de Polonia como un aliado clave en la región.