El Partido Conservador del Reino Unido ha presentado una propuesta de inmigración que incluye la creación de una 'Fuerza de Remoción' con el objetivo de deportar a 150,000 personas anualmente. Esta iniciativa, presentada el 4 de octubre de 2025, respaldada por una inversión de 1.600 millones de libras, busca redefinir el enfoque del país hacia la migración irregular y el sistema de asilo. La propuesta conservadora contempla la concesión de poderes ampliados, como el uso de reconocimiento facial sin orden judicial para identificar a personas en situación irregular en el Reino Unido. Esta medida, inspirada en la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pretende agilizar los procesos de identificación y deportación. La 'Fuerza de Remoción' trabajaría en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, facultando a los agentes de policía para realizar comprobaciones de inmigración a cualquier persona que detengan o arresten.
Además de la 'Fuerza de Remoción', el plan abarca una reforma integral del sistema de asilo. Bajo las nuevas directrices, el estatus de refugiado solo se concedería a aquellos que enfrenten amenazas directas de gobiernos extranjeros, excluyendo a quienes huyen de conflictos o de países con leyes restrictivas en materia de religión o sexualidad. La propuesta también contempla la abolición del tribunal de inmigración, centralizando la toma de decisiones en el Ministerio del Interior con derechos de apelación limitados, y la supresión de la asistencia legal para casos de inmigración.
La oposición, liderada por el Partido Laborista, ha criticado duramente la propuesta. Un portavoz laborista señaló el historial del partido en cuanto a migración neta récord, la apertura de más de 400 hoteles para refugiados y los 700 millones de libras gastados en el plan de Ruanda, como evidencia de la ineficacia de políticas anteriores. La crítica se centra en la viabilidad y la justicia de las medidas, así como en las preocupaciones éticas y legales que rodean el uso de tecnologías de vigilancia avanzadas y la restricción de derechos. En el Reino Unido, el número de búsquedas en la base de datos de pasaportes aumentó de 2 a 417 en 2023, y en la base de datos de inmigración de 16 a 102 en 2024, acciones que se llevan a cabo sin una base legal clara ni información pública o parlamentaria.
La medida de los conservadores se produce en un contexto de creciente debate global sobre la gestión de fronteras y la seguridad. Las propuestas señalan un cambio significativo en la política de inmigración del Reino Unido, con posibles repercusiones de gran alcance para los solicitantes de asilo, los procesos legales y las libertades civiles. El enfoque propuesto, que busca reducir drásticamente la inmigración irregular, plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales y los principios humanitarios, al tiempo que busca proyectar una imagen de control y firmeza en la gestión migratoria.