En Copenhague, los líderes de la Unión Europea están inmersos en cruciales discusiones sobre cómo potenciar la asistencia financiera y militar a Ucrania. El eje central de estas conversaciones gira en torno a una propuesta audaz: la utilización de aproximadamente 200.000 millones de euros en activos rusos congelados para financiar un préstamo destinado a Ucrania. Este mecanismo, impulsado por la Comisión Europea, busca asegurar que Ucrania reciba el apoyo necesario, con la condición de que Rusia asuma la responsabilidad de las reparaciones por los daños de guerra.
La propuesta de la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, plantea un esquema de préstamo que estaría respaldado por los activos rusos inmovilizados. El objetivo es dotar a Ucrania de recursos para fortalecer sus capacidades militares durante un máximo de cinco años, mientras continúa la agresión rusa. Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de controversia. Bart De Wever, líder del partido N-VA y alcalde de Amberes, ha expresado reservas significativas, señalando los potenciales riesgos económicos. Describió los activos como "un pollo que también pone huevos de oro" debido a los intereses acumulados, estimando que ya se han destinado unos 50.000 millones de euros en intereses para ayudar a Ucrania. De Wever advirtió que la confiscación de estos fondos podría "conmocionar el orden financiero mundial".
Las preocupaciones se extienden al ámbito financiero y legal. El Banco Central Europeo ha comunicado sus inquietudes sobre las posibles repercusiones para la posición del euro como moneda de reserva. Estados miembros clave como Francia y Alemania han mostrado reticencia, citando obstáculos legales y el riesgo de erosionar la confianza en el sistema financiero europeo. La principal dificultad legal reside en el derecho internacional, que protege la inmunidad soberana de los activos, haciendo que la confiscación directa sea un terreno complejo. La propuesta de la Comisión Europea busca estructurarse como un "préstamo temporal" para mitigar estos desafíos, pero el precedente que podría sentar para los activos europeos en el extranjero es una preocupación latente.
Esta propuesta se enmarca en un esfuerzo más amplio para cubrir las sustanciales necesidades de financiación de Ucrania, estimadas en unos 100.000 millones de dólares anuales. Ante la posibilidad de una reducción del apoyo financiero estadounidense, Europa se ve impulsada a incrementar sus contribuciones. Los activos rusos congelados, en su mayoría depositados en Euroclear, una entidad con sede en Bélgica, representan una fuente potencial de financiación considerable. Se estima que aproximadamente 176.000 millones de euros de activos rusos congelados se encuentran en el depositario belga Euroclear. La UE ha utilizado previamente los intereses generados por estos activos para apoyar a Ucrania, pero la idea de emplear el capital principal marca un punto de inflexión en el debate. Las decisiones que surjan de estas deliberaciones en Copenhague serán determinantes para la capacidad de la Unión Europea de respaldar la defensa y reconstrucción de Ucrania. La UE se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de proporcionar ayuda inmediata con la salvaguarda de la estabilidad del sistema financiero global y la reputación del euro. La efectividad de este enfoque dependerá de la superación de estas complejas cuestiones y de la consecución de un consenso entre los estados miembros, teniendo en cuenta las implicaciones geopolíticas de una medida de tal magnitud.