Grecia exige exenciones fiscales de diez años a la UE para los sectores marítimo, aéreo y agrario

El ministro de Economía Nacional de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, presentó una exigencia firme ante la Unión Europea durante la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) celebrada en Bruselas el 13 de noviembre de 2025. Esta demanda se enmarca dentro del proceso de reforma de la fiscalidad energética paneuropea, buscando proteger sectores vitales de la economía helena.

La pieza central de la postura negociadora de Atenas se concentra en obtener una moratoria de diez años para la introducción de nuevos gravámenes sobre el combustible utilizado específicamente en los sectores del transporte marítimo y aéreo. Pierrakakis fue categórico al señalar que Atenas no aceptará ninguna propuesta que contemple un período de gracia inferior a la década, subrayando la inflexibilidad de su posición ante el bloque comunitario.

Adicionalmente, la delegación griega insiste en la exención permanente de la imposición energética aplicada a la producción agrícola. Esta doble exigencia refleja la necesidad estratégica del país de proteger sus industrias primarias y de conectividad frente a los nuevos costos fiscales comunitarios, buscando asegurar la competitividad del sector agrario.

La argumentación esgrimida por Grecia se fundamenta en las realidades geográficas únicas de la nación. Sus vastos territorios insulares dependen de manera crítica de los costosos servicios de transporte marítimo y aéreo para mantener la cohesión interna y la conexión con el continente.

Atenas considera que la denegación de las exenciones solicitadas constituye una amenaza directa a la cohesión territorial de la Unión Europea en su conjunto, otorgando así una dimensión política significativa a estas medidas económicas. En el contexto de la descarbonización a nivel europeo, Grecia se posiciona como un Estado periférico que, según su criterio, soporta costos desproporcionadamente altos en la implementación de los objetivos ecológicos de la UE.

Paralelamente a estas negociaciones europeas, el gobierno griego ha implementado medidas internas para estimular su economía. En septiembre de 2025, se puso en marcha la cancelación total del Impuesto Único sobre la Propiedad (ENFIA) para la vivienda principal ubicada en 12.720 pueblos y pequeñas ciudades con una población máxima de 1.500 habitantes. Según las estimaciones del Ministerio de Finanzas, esta acción generará un ahorro anual para los residentes de casi 75 millones de euros.

A partir del 1 de noviembre de 2025, también entraron en vigor incentivos fiscales diseñados para atraer inversiones en la fabricación de vehículos, con una vigencia de hasta 15 años. Estas acciones fiscales internas refuerzan la posición negociadora de Atenas en el escenario europeo, demostrando un compromiso dual con la protección de sus sectores clave y la atracción de capital productivo.

La exigencia de una moratoria de diez años representa una estrategia calculada para ganar tiempo, permitiendo que los sectores del transporte y la agricultura se adapten a las nuevas realidades fiscales y ambientales. Grecia utiliza su vulnerabilidad geográfica como principal palanca de presión ante el Consejo Ecofin. Las negociaciones del 13 de noviembre de 2025 se convirtieron en el punto culminante de este pulso de intereses dentro de la agenda climática y tributaria común europea.