En Montenegro, recientes incidentes de violencia animal han suscitado una gran preocupación entre los activistas de derechos de los animales. En menos de un mes, tres animales, incluido un oso protegido, fueron abatidos. Esta alarmante tendencia coincide con el Día Internacional de Protección Animal, el 4 de octubre, cuando se presentó una petición al gobierno pidiendo la protección de perros y gatos callejeros, que reunió más de 10,000 firmas.
A pesar de años de apelaciones de las sociedades locales de protección animal para endurecer las penas contra los abusadores de animales, los casos rara vez son procesados adecuadamente. Los activistas informan que nadie ha sido castigado jamás por el asesinato o envenenamiento de perros en varias ciudades.
El caso más reciente involucró a una perra pastor que fue disparada el 25 de septiembre en Ulcinj, lo que llevó a su desafortunada muerte a pesar de los esfuerzos veterinarios. Activistas como Azra von der Banck-Tomašević son vocales sobre la falta de responsabilidad, afirmando que los asesinatos se han vuelto comunes.
En la región norte de Berane, la policía investiga el tiroteo de un perro llamado Džigi, reportado por la voluntaria Tatjana Radević. Ella ha documentado más de diez casos similares en los últimos años, sin que se identificaran perpetradores.
Además, el incidente del oso abatido en Plužine ha levantado alarmas entre los legisladores. Jovana Janjušević del Centro de Protección de Aves destacó esto como parte de un problema más amplio de caza furtiva en Montenegro. La Fiscalía de Nikšić ha abierto una investigación sobre la muerte del oso.
Si bien Montenegro tiene leyes contra la crueldad animal, los activistas argumentan que la aplicación es deficiente. El Ministro de Agricultura, Vladimir Joković, enfatizó el compromiso del gobierno de combatir la caza furtiva y el maltrato animal, mencionando la creación de un Consejo de Protección Animal hace seis años.
La veterinaria Aleksandra Krivokapić señaló que el trato hacia los animales refleja los valores de la sociedad, instando a penas más severas y a una mejor aplicación de las leyes existentes. Se considera que el marco legal actual es inadecuado, y los activistas piden enmiendas a la Ley de Protección Animal para aclarar responsabilidades y mejorar la supervisión.
A pesar de las recientes enmiendas al Código Penal, que aumentaron las penas por crueldad animal, las condenas reales siguen siendo raras. Activistas y funcionarios coinciden en la necesidad de una educación integral y un cambio cultural hacia un mejor bienestar animal.