Los líderes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) aprobaron la Declaración de Bogotá el 22 de agosto de 2025, un acuerdo que refuerza los compromisos para la protección de la selva amazónica y prepara la cumbre climática COP30 en Belém, Brasil.
La declaración, dada a conocer el 23 de agosto de 2025, reafirma la Declaración de Belém de 2023 y establece acciones clave en materia de clima, biodiversidad, restauración, bioeconomía y protección de los pueblos indígenas. Se destacó el avance en la coordinación regional para la aplicación de la ley, asuntos judiciales y el intercambio de inteligencia, así como los esfuerzos para combatir la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre.
Entre las propuestas clave se encuentra la modificación de protocolos para elevar las reuniones presidenciales a la máxima instancia de la organización y fortalecer la Secretaría Permanente. La declaración también subraya la importancia de la protección diferenciada de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y la salvaguarda del conocimiento ancestral.
Sin embargo, las discusiones revelaron divergencias sobre la transición energética y el abandono de los combustibles fósiles. Mientras Colombia aboga por un alejamiento de las economías extractivas, Brasil mantiene su postura oficial, y naciones como Perú, Ecuador y Venezuela han expresado oposición a ciertas propuestas, reflejando el desafío de equilibrar los imperativos económicos con la preservación ambiental.
La urgencia de estas discusiones se ve acentuada por las advertencias científicas sobre el acercamiento de la Amazonía a un "punto de inflexión", un umbral más allá del cual la selva podría transformarse irreversiblemente en sabana. El científico Carlos Nobre ha señalado que una combinación de deforestación y cambio climático podría desencadenar este cambio catastrófico, estimando que si la deforestación alcanza el 20-25% o el calentamiento global aumenta a 2.0-2.5°C, se podría alcanzar dicho punto. La Amazonía ya ha perdido aproximadamente el 16% de sus bosques, y el 17% de los bosques restantes muestran signos de degradación.
El impacto de la exploración de combustibles fósiles en la Amazonía es una preocupación creciente. Derrames de petróleo han contaminado recursos hídricos y dañado ecosistemas en países como Perú y Ecuador, provocando problemas de salud en poblaciones locales. El desarrollo de infraestructura para proyectos de petróleo y gas también contribuye a la deforestación. Instituciones financieras han sido identificadas como financiadoras significativas de estas actividades, con llamados a los bancos para cesar su financiación en la Amazonía. A pesar del consenso sobre la necesidad de conservación, la declaración omite la mención explícita de los combustibles fósiles, un punto de contención para organizaciones de la sociedad civil y grupos indígenas.
La COP30 en Belém, programada del 10 al 21 de noviembre de 2025, se considera crucial. La iniciativa de Brasil, el Fondo "Bosques para Siempre" (TFFF), busca movilizar financiación para la protección del clima y la naturaleza. Persisten desafíos logísticos y de alojamiento en Belém que podrían afectar la inclusividad de la cumbre. El éxito de la COP30 dependerá de la traducción de estos compromisos regionales en acciones globales tangibles, particularmente en el abordaje de la dependencia de los combustibles fósiles y la aceleración de una transición energética justa.