La inteligencia artificial (IA) ha generado un intenso debate en Australia, con una marcada división entre los sindicatos y los grupos empresariales sobre su regulación. Los sindicatos, liderados por el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), proponen "Acuerdos de Implementación de IA" para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Estos acuerdos buscan obligar a los empleadores a consultar con sus empleados antes de introducir tecnologías de IA, con el fin de garantizar la estabilidad laboral, facilitar el desarrollo de habilidades y la reconversión profesional, asegurar la transparencia en su uso y proteger la privacidad de los datos.
Joseph Mitchell, subsecretario del ACTU, enfatizó el principio de "nada sobre nosotros sin nosotros", subrayando la importancia de la participación de los trabajadores en la adopción de la IA. Por otro lado, organizaciones empresariales como el Grupo de la Industria Australiana (Ai Group), representado por Innes Willox, y el Consejo Empresarial de Australia (BCA), con Bran Black a la cabeza, han expresado su preocupación de que una regulación excesiva pueda obstaculizar la innovación, reducir la productividad y perjudicar la economía australiana. Argumentan que los mecanismos existentes en la Ley de Trabajo Justo ya cubren la consulta a los empleados sobre cambios significativos en el lugar de trabajo.
El Tesorero Jim Chalmers está mediando en esta controversia, buscando un "camino intermedio sensato" que equilibre los beneficios de la IA con sus riesgos. Este debate fue un punto central en la Mesa Redonda sobre Reforma Económica celebrada en Canberra del 19 al 21 de agosto de 2025, donde diversos actores discutieron el futuro económico del país.
Las investigaciones recientes presentan un panorama mixto sobre la percepción de la IA entre los trabajadores australianos. Un informe del Consejo de Tecnología de Australia (TCA) indica que el 93% de los trabajadores cree que la IA aumentará sus empleos en lugar de reemplazarlos, y el 72% reportó impactos positivos de la tecnología en la última década. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la privacidad, la formación y la participación en la toma de decisiones. Por su parte, un estudio de Jobs and Skills Australia señala que la IA es más propensa a modificar que a reemplazar empleos, y que la mayoría de las ocupaciones se verán aumentadas por la tecnología.
A nivel económico, un informe de McKinsey sugiere que la IA generativa podría automatizar hasta el 30% de las horas trabajadas, afectando especialmente a los trabajadores de bajos ingresos. La Comisión de Productividad, si bien prevé que la IA podría impulsar significativamente el PIB de Australia, advierte contra la sobrerregulación que podría sofocar la innovación. El gobierno australiano, a través del Departamento de Empleo y Relaciones Laborales (DEWR), ha publicado cláusulas modelo de IA para la contratación del sector público en marzo de 2025, promoviendo una implementación ética y segura.
El núcleo de la discusión reside en la tensión entre la protección de la fuerza laboral ante el rápido avance tecnológico y el fomento de un entorno propicio para la innovación y el crecimiento económico. Las decisiones que se tomen en estas deliberaciones darán forma al enfoque de Australia hacia la inteligencia artificial en los próximos años.