Los sindicatos franceses han convocado a una jornada de huelgas y protestas a nivel nacional para el 18 de septiembre de 2025. Esta movilización masiva es una respuesta directa a las medidas fiscales propuestas por el gobierno del Primer Ministro François Bayrou, que buscan un ajuste presupuestario de 44.000 millones de euros para el presupuesto de 2026.
El gobierno de coalición minoritaria de Bayrou se enfrenta a un panorama político incierto, con una votación de confianza programada para el 8 de septiembre. La oposición, que abarca desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ha manifestado su intención de votar en contra del primer ministro, anticipando una posible caída del gobierno. Esta situación de inestabilidad política genera preocupación entre líderes empresariales y analistas sobre los riesgos que enfrenta la economía francesa, temiendo que la crisis política pueda descarrilar los esfuerzos por controlar el déficit público y la deuda nacional, que ya superan los límites establecidos por la Unión Europea.
Marylise Léon, líder de la CFDT, el sindicato más grande de Francia, describió el proyecto de presupuesto como un "espectáculo de terror" y reafirmó el compromiso de los sindicatos de bloquear su adopción, calificando las medidas presupuestarias propuestas de "brutalidad sin precedentes". Otros sindicatos, como la CGT, también han expresado su descontento, exigiendo justicia fiscal, inversión en servicios públicos y aumentos salariales.
La jornada de protestas del 18 de septiembre se suma a un calendario de movilizaciones que incluye una manifestación separada el 10 de septiembre, convocada por una campaña en redes sociales bajo el lema "Bloqueemos todo", que ha sido comparada con el movimiento de los "chalecos amarillos" de 2018, sugiriendo la posibilidad de un malestar social generalizado.
La incertidumbre política ya está afectando a la economía francesa. Los mercados financieros han reaccionado con volatilidad, y los rendimientos de los bonos franceses han aumentado, reflejando la preocupación de los inversores por la sostenibilidad de la deuda francesa y la posibilidad de retrasos en reformas fiscales cruciales. Los analistas advierten que la inestabilidad política podría frenar el crecimiento económico y afectar la confianza de consumidores y empresas.