El 16 de octubre de 2025, el Tribunal de Distrito de Varsovia emitió una resolución que marca un punto de inflexión crucial en la investigación internacional sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, un evento que conmocionó a Europa en septiembre de 2022. El juez Dariusz Lubowski denegó formalmente la solicitud de extradición presentada por Alemania. Dicha solicitud se refería a un ciudadano ucraniano, identificado como Volodymyr Zh., quien había sido detenido en territorio polaco el 30 de septiembre de 2025 en virtud de una orden de arresto europea emitida en relación con los presuntos actos de sabotaje.
La base fundamental para esta negativa judicial fue, según múltiples informes, la insuficiencia de la argumentación legal y la naturaleza excesivamente generalizada y poco específica de las pruebas aportadas por la fiscalía alemana. Timoteusz Paprocki, abogado defensor del detenido, no dudó en calificar el veredicto como uno de los más significativos en la historia reciente de la jurisprudencia polaca. Paprocki enfatizó con firmeza que, en el contexto actual, los ciudadanos ucranianos no deberían ser objeto de persecución por acciones presuntamente llevadas a cabo en el marco de la defensa nacional y la lucha contra el agresor. Además, expresó serias dudas sobre la capacidad de garantizar un proceso judicial justo e imparcial para su cliente en Alemania. Este dictamen pone de relieve la importancia crítica de la pulcritud y la solidez procesal de los materiales probatorios en casos que involucran complejas ramificaciones geopolíticas.
La respuesta política en Polonia fue inmediata y contundente. Donald Tusk, el Primer Ministro polaco, respaldó sin reservas la decisión del tribunal, declarando públicamente que el asunto estaba definitivamente zanjado. Tusk recordó que ya había comunicado su postura previamente, tanto al excanciller alemán Olaf Scholz como al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, indicando que la entrega del sospechoso iría directamente «en contra de los intereses de Polonia». El incidente central, que provocó daños severos a las tuberías del gasoducto en las aguas del Mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm, en septiembre de 2022, continúa siendo un tema de máxima relevancia y escrutinio internacional.
Es fundamental señalar que el caso de Volodymyr Zh. no constituye un hecho aislado dentro del amplio marco de esta investigación transnacional. Apenas un día antes, el 15 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo de Italia también había revocado una decisión anterior de extraditar a otro ciudadano ucraniano, Serguéi Kuznetsov, quien enfrentaba acusaciones análogas relacionadas con el mismo sabotaje. Este patrón legal emergente sugiere la consolidación de una postura jurídica cautelosa y específica en varios países europeos frente a este tipo de peticiones de extradición. Los investigadores alemanes sospechan que Volodymyr Zh. estuvo directamente implicado en la instalación de artefactos explosivos y han vinculado el acto de sabotaje a un grupo de naturaleza proucraniana, aunque han evitado cuidadosamente acusar de manera directa al gobierno oficial de Kiev.
El razonamiento del juez Lubowski, según los informes, incluyó una observación legal de gran calado. El magistrado habría señalado que un acto de ataque dirigido contra la infraestructura de un adversario con el propósito explícito de librar una «guerra justa y defensiva» no puede, bajo ciertas interpretaciones, ser catalogado como un delito criminal común. Esta perspectiva refleja una profunda reevaluación de la valoración jurídica de los acontecimientos en el contexto del conflicto bélico en curso en Europa del Este. La decisión polaca, al igual que la adoptada por el Tribunal Supremo italiano en el caso de Kuznetsov, parece estar sentando un precedente legal que busca diferenciar las acciones de carácter militar o paramilitar emprendidas en defensa propia de la comisión de delitos ordinarios, especialmente cuando la evidencia presentada por la parte solicitante es percibida como débil o insuficiente para justificar la entrega de un ciudadano.