Londres, 6 de septiembre de 2025. Una manifestación en apoyo al grupo Palestine Action en la capital británica concluyó con más de 400 arrestos, según informes policiales. La protesta, convocada por la organización Defend Our Juries, reunió a aproximadamente 1.500 personas frente al Parlamento del Reino Unido. Los asistentes exhibieron pancartas con mensajes como "Yo me opongo al genocidio. Yo apoyo a Palestine Action".
La Policía Metropolitana de Londres efectuó los arrestos amparándose en la Ley de Terrorismo, argumentando que brindar apoyo a una organización declarada proscrita constituye un delito penal. La designación de Palestine Action como organización terrorista por parte del gobierno británico en julio de 2025, tras incidentes de vandalismo contra instalaciones militares, ha desencadenado un debate significativo sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades civiles.
Organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas han manifestado su inquietud ante esta medida, sugiriendo que la prohibición de Palestine Action podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la prohibición como un "uso preocupante" de las leyes antiterroristas, advirtiendo sobre un posible "efecto paralizador" en el ejercicio de derechos fundamentales.
Los arrestos masivos, que incluyeron a individuos que portaban carteles de manera pacífica, han sido objeto de críticas por parte de los organizadores de la protesta, quienes califican la actuación policial de desproporcionada. Se han reportado incidentes de confrontación entre manifestantes y la policía, con acusaciones mutuas de agresión, lo que subraya la creciente tensión en el Reino Unido respecto a la legislación antiterrorista y su aplicación en actividades de protesta política.
La legislación vigente contempla penas de hasta 14 años de prisión para quienes apoyen a organizaciones proscritas, lo que ha suscitado interrogantes sobre la amplitud de estas normativas y su impacto en la disidencia. Paralelamente, Palestine Action ha obtenido autorización del Tribunal Superior para impugnar la prohibición, con una audiencia programada para el 25 de septiembre. Este caso legal podría tener repercusiones importantes en la interpretación y aplicación de las leyes antiterroristas en el Reino Unido y su relación con los derechos de protesta y expresión.