La Unión Europea (UE) está evaluando activamente cómo emplear aproximadamente 210.000 millones de euros en activos rusos congelados para respaldar la defensa y la reconstrucción de Ucrania.
Estos fondos, inmovilizados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y depositados en su mayoría en Bélgica a través de Euroclear, son objeto de un intenso debate entre los estados miembros. Las discusiones giran en torno a la legalidad y las implicaciones de un posible decomiso, con posturas divergentes entre las naciones.
Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha afirmado que Rusia no recuperará el acceso a estos activos a menos que compense plenamente a Ucrania por los daños de la guerra. Esta postura es respaldada por países como Estonia, Lituania y Polonia, que abogan por la incautación inmediata. Sin embargo, Francia, Alemania y Bélgica han expresado reservas, citando preocupaciones legales y el potencial impacto en la estabilidad financiera.
Como medida intermedia, el Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2024 un préstamo de hasta 35.000 millones de euros para Ucrania, que se reembolsará con los futuros ingresos generados por estos activos congelados. Este préstamo forma parte de un paquete de apoyo más amplio del G7, que asciende a 50.000 millones de dólares.
La UE también explora la transferencia de activos a un "vehículo especial" para generar beneficios destinados a Ucrania, buscando así sortear las complejidades legales y financieras. La situación subraya la necesidad urgente de financiación para Ucrania, que enfrenta un déficit de decenas de miles de millones de euros.
El debate sobre la incautación directa de los activos continúa, con el riesgo de represalias por parte de Rusia o litigios que compliquen aún más la situación. La decisión final de la UE sobre el uso de estos activos congelados tendrá implicaciones significativas para la reconstrucción de Ucrania y el orden financiero internacional.