El Congreso de El Salvador aprobó una ley el martes 20 de mayo de 2025 que impone un impuesto del 30% a las transacciones de donantes extranjeros a organizaciones locales. La legislación, aprobada con 57 votos a favor y 3 en contra, tiene como objetivo regular lo que el gobierno describe como "agentes extranjeros". Se espera que la ley entre en vigor ocho días después de su publicación en el diario oficial.
Los partidarios, incluida la legisladora de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, afirman que la legislación aumentará la transparencia y protegerá la soberanía nacional. Dicen que evitará la interferencia externa encubierta mediante el establecimiento de un registro para que las organizaciones se inscriban, lo que permitirá al gobierno supervisar sus actividades. Los fondos generados por el nuevo impuesto se asignarán a proyectos de interés general, público o social.
Los críticos argumentan que la ley endurecerá significativamente el control estatal sobre la sociedad civil y puede obstaculizar el trabajo de las ONG, particularmente aquellas que se centran en los derechos humanos y la rendición de cuentas del gobierno. Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que la medida refleje esfuerzos similares en regímenes con inclinaciones autoritarias para silenciar la disidencia y debilitar la sociedad civil bajo el pretexto de la seguridad nacional. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han expresado su preocupación.