El 7 de agosto de 2025, la administración del presidente Donald Trump implementó una nueva directiva que exige a las universidades divulgar datos de admisión relacionados con la raza. Esta medida, parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las prácticas de admisión que consideran la raza y las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), busca asegurar que las instituciones educativas no utilicen la raza como factor en sus procesos de admisión.
En paralelo, la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) ha visto suspendidos 584 millones de dólares en subvenciones federales. El Departamento de Justicia determinó que la UCLA violó las leyes de derechos civiles al supuestamente crear un ambiente hostil para estudiantes y personal judíos y israelíes, particularmente en el contexto de las protestas pro-palestinas de 2024. El rector de la UCLA, Julio Frenk, calificó esta suspensión de fondos como potencialmente "devastadora" para la universidad y la nación, afectando cientos de proyectos de investigación vitales. La Universidad de Stanford también anunció el despido de más de 360 empleados, atribuyendo recortes presupuestarios de 140 millones de dólares a cambios en las políticas de financiación federal.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia de la administración Trump para reconfigurar la educación superior, que desde principios de 2025 ha emitido órdenes ejecutivas para eliminar programas de DEI en agencias federales y ha aumentado la presión sobre las universidades, amenazando con retener fondos si no cumplen con las directivas. Históricamente, las políticas de acción afirmativa surgieron en la década de 1960 para abordar la discriminación sistémica. Decisiones clave de la Corte Suprema, como Regents of the University of California v. Bakke (1978) y el fallo de 2023 que limitó la consideración de la raza en las admisiones, han moldeado el panorama legal. La administración actual interpreta la decisión de 2023 como una prohibición de cualquier método indirecto que pueda favorecer la raza, intensificando la supervisión y las exigencias de transparencia de datos. Las universidades enfrentan el desafío de adaptarse a las nuevas directrices federales, manteniendo sus compromisos con la diversidad y la excelencia en la investigación, en un entorno de financiación incierto.