En una acción que ha generado críticas tanto de demócratas como de republicanos, el presidente Donald Trump ha despedido a 17 inspectores generales, responsables de investigar el fraude y el abuso en las agencias federales, y ha congelado los fondos federales para organizaciones estatales y sin fines de lucro. Estas acciones han sido ampliamente condenadas como un intento de socavar la supervisión y la rendición de cuentas del gobierno.
El despido de los inspectores generales, que tuvo lugar el 24 de enero de 2024, se llevó a cabo sin dar ninguna razón específica, y violó una ley que exige una notificación de 30 días al Congreso. La Casa Blanca ha argumentado que el presidente tiene el poder de despedir a cualquier empleado del poder ejecutivo, pero expertos legales han respondido que esta es una mala interpretación de la ley.
La congelación de los fondos federales, que se anunció el 28 de enero de 2024, también se encontró con una reacción inmediata. La Casa Blanca inicialmente afirmó que la congelación era necesaria para garantizar que los fondos se utilizaran de manera eficiente, pero luego revirtió la orden después de que un juez federal emitiera una orden judicial temporal. Sin embargo, la administración ha indicado que tiene la intención de buscar otros medios para controlar el gasto federal.
Estas acciones son parte de un patrón más amplio de Trump buscando consolidar el poder y socavar los controles y equilibrios. También ha intentado despedir a miembros de agencias independientes, como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Junta Nacional de Relaciones Laborales, y ha amenazado con utilizar nombramientos en receso para eludir el proceso de confirmación del Senado.
El despido de los inspectores generales y la congelación de los fondos federales se consideran un ataque directo a los principios de supervisión y rendición de cuentas del gobierno. También representan un peligroso precedente para el futuro de la democracia estadounidense.