La Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM) está preparada para refinar su control sobre los procesos de contratación y despido de funcionarios gubernamentales. Esta iniciativa implica evaluar a los empleados en función de su alineación con las políticas de la administración y su capacidad para ejecutarlas eficazmente.
Según estas directrices actualizadas, los funcionarios federales pueden ser evaluados por sus contribuciones a la implementación de políticas junto con las métricas de competencia tradicionales. La OPM tiene como objetivo consolidar la supervisión de las políticas de personal en todas las agencias gubernamentales para garantizar una aplicación y un cumplimiento coherentes.
Estos cambios siguen a los esfuerzos continuos para mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas del gobierno. El enfoque sigue estando en mantener un sistema basado en el mérito al tiempo que se garantiza que los empleados federales estén alineados con los objetivos de la administración. La OPM enfatiza que los puestos de carrera aún se cubrirán a través de procesos de contratación no partidistas.
Los cambios propuestos han provocado debates sobre posibles desafíos legales relacionados con las leyes de servicio civil y la discriminación por afiliación política. Sin embargo, los defensores argumentan que alinear la fuerza laboral con los objetivos de la administración elegida es esencial para una gobernanza eficaz.