El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha sido declarado culpable de conspiración criminal en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. El político de 70 años ha sido sentenciado a cinco años de prisión y se le ha ordenado pagar una multa de 100.000 euros. La sentencia es con aplazamiento, lo que significa que Sarkozy no será puesto bajo custodia de inmediato, sino que será citado por la fiscalía en el plazo de un mes para informarle de la fecha de inicio de su encarcelamiento.
El caso está relacionado con la acusación de conspiración criminal, concerniente a la supuesta financiación ilegal de la exitosa campaña presidencial de Sarkozy en 2007 con fondos del régimen del difunto dictador libio Muamar Gadafi. Según la investigación, en 2005 se concluyó un "acuerdo corrupto" entre Sarkozy, quien entonces era Ministro del Interior, y Gadafi. El cuartel general de la campaña de Sarkozy recibió 50 millones de euros, violando la prohibición de financiación extranjera de la campaña, y a cambio, el político francés debía ayudar a Gadafi a dejar de ser un paria en la escena mundial. La defensa de Sarkozy ha declarado su inocencia y planea apelar el veredicto, con la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Esta condena convierte a Sarkozy en el segundo expresidente francés en ser declarado culpable de corrupción, siguiendo los pasos de Jacques Chirac, quien fue condenado en 2011 por malversación de fondos públicos durante su tiempo como alcalde de París. Este caso subraya la persistente lucha de Francia contra la corrupción en la esfera política.
A pesar de su estatus, Sarkozy se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. La condena de un exmandatario por delitos de esta naturaleza tiene implicaciones significativas para la confianza pública en las instituciones y plantea interrogantes sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas.
Sarkozy ya había sido condenado previamente por corrupción y tráfico de influencias en 2021, recibiendo una sentencia de un año de prisión, de la cual sirvió tres meses con una pulsera electrónica. Además, enfrentó otro juicio por financiación ilegal de campaña en relación con su fallida candidatura a la reelección en 2012, donde se le acusó de haber gastado casi el doble del monto máximo legal, resultando en una sentencia de un año de prisión con seis meses en suspenso. Estas condenas anteriores llevaron a la privación de su Legión de Honor, la más alta condecoración francesa.
La sentencia actual, que incluye la posibilidad de encarcelamiento efectivo a pesar de la apelación, marca un hito, siendo la primera vez que un expresidente de la Francia moderna es sentenciado a tiempo real tras las rejas. La jueza presidenta, Nathalie Gavarino, El tribunal calificó los hechos de "gravedad excepcional" y "susceptibles de minar la confianza ciudadana", justificando así la severidad de la pena.
El caso ha reavivado el debate sobre la influencia de potencias extranjeras en la política interna francesa y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de la financiación electoral. La condena de Sarkozy, un político influyente en el ámbito conservador, podría tener un impacto duradero en su legado político y en la percepción pública de la integridad en la política francesa.