Bolivia está enfrentando una crisis ambiental sin precedentes, ya que los incendios han devastado aproximadamente 6,9 millones de hectáreas desde el 2 de junio de 2024. Los fuegos, que comenzaron en el Parque Nacional Otuquis cerca de la frontera con Brasil, no han cesado un solo día, causando daños catastróficos a bosques y praderas.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, que incluyeron una declaración de emergencia nacional el 7 de septiembre, la respuesta ha sido inadecuada. Equipos internacionales de bomberos han sido desplegados y las operaciones aéreas se han intensificado, pero las llamas continúan extendiéndose por el país.
El 30 de septiembre, la situación se agravó aún más cuando el gobierno declaró un desastre nacional, permitiendo a las instituciones públicas utilizar recursos de manera más flexible. Los informes indican que más de 40 incendios activos persisten en Santa Cruz, la región más afectada, y el humo está afectando gravemente la calidad del aire en varias ciudades.
La práctica del 'chaqueo', o quema de tierras con fines agrícolas, se ha agravado significativamente en los últimos años. La Fundación Tierra advierte que la deforestación y la quema a gran escala amenazan los bosques tropicales de Bolivia, siendo la destrucción de este año potencialmente el doble del promedio anual.
Los expertos enfatizan la necesidad de una reforma legislativa urgente para combatir la crisis, incluyendo la derogación de leyes que facilitan la quema y deforestación ilegales. El gobierno está bajo presión para tomar medidas decisivas para proteger la rica biodiversidad del país y mitigar los impactos ambientales a largo plazo de estos incendios forestales.
A medida que Bolivia continúa luchando contra estos incendios devastadores, las implicaciones para los ecosistemas locales, la calidad del aire y las comunidades indígenas son graves, lo que requiere esfuerzos de recuperación inmediatos y completos.