La base aérea estadounidense Soto Cano, también conocida como Palmerola, ubicada en Honduras, está a punto de someterse a una revisión significativa de sus políticas de cooperación militar con el gobierno de EE. UU., según lo anunció la presidenta hondureña Xiomara Castro. Esta decisión surge en respuesta a posibles deportaciones masivas de hondureños por parte de EE. UU., lo que genera inquietudes sobre el futuro de la base, que ha estado operativa desde 1982.
Palmerola funciona como una instalación militar estratégica, albergando a 500 militares estadounidenses y un número equivalente de civiles hondureños y estadounidenses. Su función principal es llevar a cabo operaciones contra el crimen transnacional, incluido el narcotráfico, y proporcionar asistencia humanitaria durante desastres naturales. La base también opera como un aeropuerto internacional para Honduras.
Históricamente, Palmerola fue establecida en la década de 1980 como parte de los esfuerzos estadounidenses para contrarrestar los movimientos comunistas en América Central. A lo largo de los años, su papel ha cambiado hacia la lucha contra la criminalidad organizada y la facilitación de misiones humanitarias. Los analistas sugieren que los comentarios recientes de Castro están relacionados con el proceso electoral que se avecina en Honduras, programado para finales de 2025.
Los expertos destacan la importancia económica y social de Palmerola, señalando su contribución a la economía hondureña a través de operaciones aeroportuarias y programas de capacitación militar. El posible cierre de la base podría tensar las relaciones entre EE. UU. y Honduras, dado que EE. UU. es un destino principal para las exportaciones hondureñas y una fuente importante de remesas.
A la luz de las promesas de la administración Trump de intensificar las políticas de inmigración, el gobierno de Castro está preparado para aprovechar su posición respecto a la presencia militar estadounidense. Se ha sugerido la posibilidad de trasladar la base a Guatemala, aunque tal movimiento conllevaría desafíos logísticos y legales complejos.
A medida que avanzan las discusiones, las implicaciones para las relaciones entre EE. UU. y Honduras y la seguridad regional serán monitoreadas de cerca, especialmente considerando el contexto histórico de la base Palmerola y su papel en la política exterior estadounidense en América Central.