La administración Trump ha revocado más de 6,000 visas de estudiante extranjeras, citando una serie de infracciones que incluyen violaciones legales, estadías prolongadas y presuntos vínculos con el terrorismo. Según funcionarios del Departamento de Estado, aproximadamente 4,000 de estas cancelaciones se debieron a actividades delictivas como agresiones, conducción en estado de ebriedad y robos. Adicionalmente, entre 200 y 300 estudiantes vieron sus visas anuladas por presunto apoyo al terrorismo, aunque no se especificaron grupos concretos.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido un actor clave en esta política, retirando visas a estudiantes que participaron en protestas contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Rubio declaró previamente que estaba revocando visas "diariamente", enfocándose en estudiantes extranjeros involucrados en acciones militantes. Esta política se alinea con una orden ejecutiva firmada por Donald Trump al asumir el cargo, que buscaba un mayor escrutinio de los ingresos a Estados Unidos para asegurar que los extranjeros no tuvieran "actitudes hostiles" hacia el país, sus instituciones y sus valores.
Desde entonces, la administración ha implementado medidas restrictivas que han resultado en la cancelación de miles de visas, generando tensiones con universidades de renombre que, según el gobierno, actúan en contra de los intereses de la política exterior estadounidense. Estas acciones han suscitado preocupación entre defensores de los derechos civiles, quienes argumentan que las medidas podrían infringir la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los estudiantes extranjeros.
Organizaciones estudiantiles y grupos de derechos civiles han anunciado su intención de impugnar estas revocaciones en los tribunales, sugiriendo que las decisiones están motivadas por consideraciones políticas en lugar de preocupaciones de seguridad nacional. Las universidades han respondido a esta situación intensificando su apoyo a los estudiantes internacionales. Instituciones como la Universidad de Massachusetts Amherst han emitido comunicados reafirmando su compromiso con la comunidad estudiantil, condenando el acoso y la intimidación, y aclarando rumores sobre la presencia de agentes federales en el campus. Se han ampliado los recursos de ayuda legal y se busca combatir la desinformación para proteger a los estudiantes.
La situación sigue evolucionando, y se esperan más desarrollos en las próximas semanas, mientras la comunidad académica debate las implicaciones de estas políticas en la educación superior y la diversidad en los campus.