La administración Trump ha presentado una demanda contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago, alegando que sus políticas de ciudades santuario obstruyen a las autoridades federales para hacer cumplir las leyes de inmigración. La demanda, presentada el 31 de enero de 2025, es la primera del Departamento de Justicia de Trump contra estados o municipios con políticas de ciudades santuario.
La demanda se dirige específicamente al "Trust Act" de Illinois, la "Ordenanza de Ciudad de Bienvenida" de Chicago y la "Política para Responder a las Detenciones de ICE" del condado de Cook. Estas políticas apuntan a limitar la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, excepto en los casos que involucran órdenes judiciales federales.
La administración Trump argumenta que estas políticas obstaculizan la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener a los estadounidenses seguros. La demanda busca una orden judicial temporal y permanente contra la aplicación de estas políticas.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han declarado que defenderán las políticas de santuario de sus respectivos estados y ciudades. Argumentan que estas políticas son compatibles con la ley federal y priorizan los recursos policiales para combatir el crimen.
La demanda es la última acción de la administración Trump para avanzar en su impulso de deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Sigue a una directiva emitida por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, en su primer día en el cargo, que instruyó al Departamento de Justicia a investigar a funcionarios estatales o locales que se resisten a la aplicación de las leyes federales de inmigración.