Varios países europeos, incluidos Dinamarca e Italia, están abogando por una reevaluación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en 2025. Este impulso surge de la preocupación de que las interpretaciones actuales del Convenio, particularmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, limitan indebidamente la soberanía nacional en la gestión de la migración y la expulsión de delincuentes extranjeros.
Una carta abierta encabezada por la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y respaldada por líderes de Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, pide un debate político sobre la interpretación del CEDH. Buscan una mayor libertad de acción nacional para decidir la expulsión de extranjeros que han cometido delitos, argumentando que la amplia interpretación del Tribunal crea un desequilibrio con los intereses soberanos.
La iniciativa refleja un sentimiento creciente entre estas naciones de que la aplicación del CEDH debe ser reevaluada para abordar los desafíos contemporáneos relacionados con la migración y la seguridad. "Debemos tener margen de maniobra para decidir quién puede permanecer en nuestros países, por eso escribimos esta carta", insistió el Primer Ministro danés en Roma.