El 22 de diciembre de 2024, la Unión Europea anunció una nueva regulación significativa destinada a combatir la deforestación, que ha resultado en la pérdida de 420 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial entre 1990 y 2020. Esta área es comparable al tamaño de la propia Unión Europea, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La regulación se dirige a varios productos agrícolas, incluidos el aceite de palma, la soja, el café, el cacao y el caucho, que han sido identificados como principales contribuyentes a la deforestación. La UE busca establecer un mercado libre de productos vinculados a la deforestación, lo que requiere que las empresas demuestren cumplimiento a través de sistemas de trazabilidad.
Aunque la legislación ha recibido comentarios positivos, se han planteado preocupaciones sobre los costos potenciales para las empresas al adaptar sus cadenas de suministro e implementar sistemas de debida diligencia. La supervisión y verificación de las cadenas de suministro pueden presentar desafíos, especialmente en regiones donde las medidas de sostenibilidad son difíciles de aplicar.
Se espera que las pequeñas y medianas empresas enfrenten obstáculos significativos debido a sus recursos limitados. Iniciativas como la Huella ASG de COPADE están diseñadas para ayudar a estas empresas a medir su impacto social y ambiental, facilitando así su transición hacia prácticas más sostenibles.
Se anticipa que la regulación tendrá beneficios ambientales más amplios, incluida la ayuda en la lucha contra el cambio climático al preservar los bosques, que son sumideros de carbono críticos. La gestión efectiva de los bosques es esencial para reducir las huellas de carbono y mitigar los efectos del calentamiento global.
En Europa, los bosques necesitan gestión para reducir la biomasa excesiva y aumentar la resiliencia frente a factores de estrés climáticos y incendios forestales. Esta regulación no solo es una salvaguarda ambiental, sino que también interseca con preocupaciones de seguridad pública.
En general, aunque la nueva regulación de la UE presenta desafíos para productores y comercializadores, está lista para avanzar en la protección de los bosques y los esfuerzos de biodiversidad a nivel mundial, enfatizando la necesidad de enfoques adaptados a diferentes contextos regionales.