Un equipo de investigación respaldado por las Naciones Unidas ha presentado su último informe anual el 12 de agosto de 2025, revelando evidencia significativa de "tortura sistemática" en los centros de detención de Myanmar. El Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar (IIMM), establecido en 2018, documentó abusos graves durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, basándose en más de 1.300 fuentes, incluyendo testimonios de testigos presenciales, análisis forenses y documentos.
Nicholas Koumjian, jefe del IIMM, señaló que la investigación ha desenterrado pruebas contundentes, como testimonios oculares, que demuestran la tortura sistemática. Entre las atrocidades documentadas se encuentran golpizas, descargas eléctricas, estrangulaciones, violaciones grupales y quemaduras en partes íntimas del cuerpo. El informe también subraya que algunos de estos actos de tortura han resultado en la muerte, y que niños, detenidos ilegalmente como sustitutos de sus padres desaparecidos, también han sido víctimas de estos tratos. El IIMM ha avanzado considerablemente en la identificación de los perpetradores de estas atrocidades, incluyendo a comandantes de alto rango que supervisan los centros de detención. El mecanismo se declara listo para colaborar con cualquier jurisdicción dispuesta a procesar estos crímenes.
El mandato del IIMM abarca abusos cometidos en Myanmar desde 2011, incluyendo la campaña de 2017 contra los rohinyá y las atrocidades posteriores al golpe militar de 2021. Adicionalmente, el informe detalla investigaciones intensificadas sobre ataques aéreos dirigidos contra infraestructura civil y atrocidades cometidas en medio de los enfrentamientos entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan. El IIMM continúa recopilando y compartiendo pruebas con organismos judiciales internacionales como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, el informe también advierte que los recortes presupuestarios en la ONU podrían socavar el trabajo crucial del IIMM y otros esfuerzos de justicia internacional. Estas presiones financieras amenazan la capacidad del mecanismo para mantener sus operaciones y apoyar iniciativas de justicia a nivel nacional e internacional. La situación en Myanmar sigue siendo crítica, con violaciones continuas de los derechos humanos y una crisis humanitaria que afecta a millones. La junta militar no ha respondido a las solicitudes de información o acceso del IIMM al país, manteniendo su postura de que está garantizando la paz y la seguridad mientras culpa a "terroristas" por los disturbios.