La provincia de Cabo Delgado en Mozambique atraviesa una profunda crisis humanitaria debido a la creciente violencia insurgente. Entre el 20 y el 28 de julio de 2025, una nueva ola de ataques, vinculados al Estado Islámico, ha provocado el desplazamiento de más de 46.000 personas, principalmente en los distritos de Chiúre, Ancuabe y Muidumbe. La mayoría de los desplazados son mujeres y niños, quienes enfrentan un mayor riesgo de explotación y violencia de género.
La provincia lleva lidiando con una insurgencia desde octubre de 2017. Los recientes ataques en Chiúre han desarraigado a más de 42.000 personas, más de la mitad niños, que buscan refugio en condiciones precarias y sin servicios básicos. Organizaciones en el terreno informan que el número total de desplazados por los ataques en Chiúre ha superado los 57.000. La respuesta humanitaria se ve gravemente afectada por una crítica escasez de financiación; el Plan de Respuesta Humanitaria para 2025 requiere 352 millones de dólares, pero solo ha recibido 66 millones (19% de lo necesario), obligando a las agencias a reducir sus operaciones en más del 70%.
En respuesta a la crisis, la Unión Africana desplegó una misión de evaluación técnica en Cabo Delgado en julio de 2025 para analizar las situaciones de seguridad y humanitaria y proponer opciones de política para apoyar los esfuerzos de estabilización. La misión interactuó con desplazados internos y organizaciones de la sociedad civil. Los datos del Centro de Estudios Estratégicos de África (ACSS) indican un aumento de la violencia, con al menos 349 fallecidos en ataques de grupos extremistas islámicos en el norte de Mozambique en 2024, un 36% más que el año anterior. La situación exige una respuesta coordinada y sólida a nivel internacional y regional para abordar tanto las necesidades humanitarias inmediatas como los desafíos de seguridad subyacentes en Cabo Delgado.