México celebró el domingo sus primeras elecciones judiciales, marcando un paso significativo y controvertido en los esfuerzos del país para reformar su sistema judicial. Impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y su predecesor, esta medida convierte a México en el único país en elegir jueces y magistrados mediante voto popular. Los partidarios creen que esto combatirá la corrupción y la ineficiencia dentro del poder judicial.
Sin embargo, los críticos temen que la votación politice el poder judicial, permitiendo potencialmente que el crimen organizado se infiltre en los tribunales. También se han expresado preocupaciones sobre la relajación de los requisitos para los candidatos judiciales, lo que podría conducir a una disminución de la calidad e independencia del poder judicial.
Los votantes tuvieron la tarea de elegir a numerosos jueces federales, incluidos los magistrados de la Corte Suprema, así como a jueces y magistrados locales. Se llevaron a cabo protestas en la Ciudad de México, destacando las preocupaciones sobre el posible fraude electoral y la consolidación del poder. La participación pareció baja, y muchos votantes expresaron confusión sobre los numerosos candidatos desconocidos. La controvertida elección ha desatado un debate sobre la independencia judicial y el potencial de influencia política, y algunos expertos sugieren que las elecciones pueden ser fácilmente infiltradas por el crimen organizado.