El 23 de julio de 2025, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) emitió una opinión consultiva histórica afirmando que todos los países tienen la obligación legal, bajo el derecho internacional, de combatir el cambio climático y proteger tanto a las generaciones actuales como futuras. El tribunal declaró que el cambio climático es una "amenaza urgente y existencial" y enfatizó el deber de los estados de cooperar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir con los acuerdos climáticos globales y proteger a las poblaciones y ecosistemas vulnerables.
Esta decisión, solicitada por la Asamblea General de la ONU, subraya que un "medio ambiente limpio, saludable y sostenible" es un derecho humano fundamental. Aunque la opinión no es vinculante, se espera que influya significativamente en la jurisprudencia y las políticas climáticas internacionales, estableciendo un precedente para futuras acciones legales contra los estados por daños climáticos.
El fallo también destaca la responsabilidad de los países desarrollados en la lucha contra el cambio climático, dada su mayor contribución histórica a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el tribunal enfatiza que los estados deben regular no solo sus propias emisiones, sino también las de las empresas bajo su jurisdicción, incluyendo las de combustibles fósiles.
La opinión consultiva del TIJ responde a la creciente preocupación por la ineficacia de las políticas climáticas actuales y las consecuencias legales de la inacción ambiental. Activistas y defensores del medio ambiente han acogido con satisfacción esta decisión como un paso crucial hacia la justicia climática y la rendición de cuentas global.