El 25 de julio de 2025, la Corte de Casación de Francia emitió una decisión significativa respecto al expresidente sirio Bashar al-Assad. La corte reconoció que, como exjefe de Estado, Assad gozaba de inmunidad personal durante su mandato, lo que invalidó una orden de arresto emitida previamente en su contra. Sin embargo, al considerar que Assad ya no ocupa el cargo de presidente, la corte determinó que podrían emitirse nuevas órdenes de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra o contra la humanidad.
Esta resolución abre la posibilidad de que, en el futuro, las autoridades judiciales francesas puedan proceder legalmente contra Assad por actos cometidos durante su mandato. La decisión ha sido recibida con reacciones mixtas; mientras que algunos defensores de los derechos humanos expresan su descontento por la protección otorgada a Assad durante su tiempo en el poder, otros consideran que la apertura de nuevas vías legales representa un avance en la búsqueda de justicia.
La situación de Assad es compleja, ya que, tras su derrocamiento en diciembre de 2024, se encuentra en Rusia, lo que complica su posible extradición. No obstante, la comunidad internacional continúa recopilando pruebas y explorando mecanismos legales para abordar las acusaciones de crímenes cometidos durante su gobierno.
Este caso subraya la importancia de la rendición de cuentas y la aplicación de la justicia internacional, incluso cuando los líderes ya no se encuentran en el poder. La decisión de la Corte de Casación de Francia podría sentar un precedente para futuros casos similares, reafirmando el principio de que la inmunidad de los jefes de Estado no es absoluta y que la justicia puede prevalecer incluso después de su mandato.