El 23 de enero de 2025, el recién inaugurado presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva desmantelando el acuerdo global sobre el impuesto mínimo a las empresas, previamente respaldado. Esta iniciativa internacional, apoyada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y casi 150 países, tenía como objetivo imponer un impuesto mínimo del 15 % sobre las ganancias de grandes corporaciones multinacionales.
La orden de Trump establece que el acuerdo fiscal global no tiene efecto en Estados Unidos sin acción del Congreso, marcando un cambio significativo en la política fiscal estadounidense. La orden ejecutiva enfatiza la necesidad de proteger la soberanía y la competitividad económica de EE. UU. en respuesta a las prácticas fiscales extranjeras.
El fracaso del acuerdo podría obstaculizar los esfuerzos para gravar las ganancias donde se generan, afectando particularmente a grandes empresas estadounidenses como Amazon, Apple, Google y Facebook. Como resultado, el éxito del acuerdo ahora es incierto, y algunos expertos advierten que el clima político en Washington podría poner en peligro la cooperación fiscal internacional.
Varios países ya han implementado reglas respaldadas por la OCDE, mientras que otros están reconsiderando su participación en el acuerdo. EE. UU. no ha ratificado el acuerdo, y con las acciones recientes de Trump, las empresas con sede en el país no verán cambios inmediatos en relación con la fiscalidad global.
La oposición republicana al acuerdo ha evolucionado, y algunos miembros del partido ahora abogan por gravar a estas empresas a nivel nacional, a pesar de los argumentos anteriores en contra de la tributación extranjera. Este cambio genera preocupaciones sobre posibles aranceles que podrían aumentar los precios para los consumidores estadounidenses y contribuir a la inflación.
La orden ejecutiva de Trump también exige una investigación de 60 días sobre el cumplimiento de los países extranjeros con los tratados fiscales de EE. UU., lo que indica una postura proactiva contra las medidas fiscales unilaterales que podrían afectar desproporcionadamente a las empresas estadounidenses. Mientras tanto, países como Francia, Italia, España, el Reino Unido, India y Nueva Zelanda ya han implementado impuestos sobre servicios digitales, complicando aún más el panorama fiscal global.
La falta de una estrategia fiscal internacional cohesiva podría llevar a una mayor competencia entre las naciones, cada una buscando establecer regulaciones fiscales unilaterales, lo que podría resultar en una mayor inestabilidad económica.