Un juez federal en Seattle emitió el 23 de enero de 2025 una orden de restricción temporal a nivel nacional que detiene el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump destinado a limitar la ciudadanía al nacer. El juez de distrito de EE. UU. John Coughenour calificó el decreto como 'flagrantemente inconstitucional.'
El juez Coughenour criticó el argumento del gobierno de que la 14ª Enmienda excluye a los hijos de inmigrantes indocumentados, afirmando: 'El presidente Trump y el gobierno federal ahora buscan imponer una versión moderna de Dred Scott.'
La demanda, liderada por el fiscal general de Washington, Nick Brown, junto con funcionarios de Oregón, Illinois y Arizona, argumentó que el decreto privaría de ciudadanía a aproximadamente 150,000 recién nacidos anualmente, incluyendo 4,000 en el estado de Washington. Brown describió el decreto como 'un intento inconstitucional de redefinir lo que significa ser estadounidense.'
El decreto afirmaba que los niños nacidos en EE. UU. de padres indocumentados o en situación temporal no están 'sujetos a la jurisdicción' de los Estados Unidos, lo que representa una reinterpretación de la 14ª Enmienda. La administración Trump argumentó que tales niños no tienen derecho a la ciudadanía y cuestionó la legitimidad de la demanda de los estados.
El juez Coughenour rechazó ese argumento, enfatizando la garantía de la 14ª Enmienda que establece que 'todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos... son ciudadanos.'
Esta decisión marca el comienzo de una serie de desafíos legales contra el decreto ejecutivo, indicando una posible batalla legal prolongada que podría llegar finalmente a la Corte Suprema.