El 22 de enero de 2025, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la revocación de una política de una década que prohibía los arrestos de inmigrantes en lugares sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta decisión ha generado preocupaciones entre los inmigrantes indocumentados sobre su seguridad al acceder a servicios esenciales.
Residentes como Iris Gonzalez, que ha vivido en EE. UU. durante 14 años, expresaron miedo respecto a posibles encuentros con las autoridades de inmigración durante actividades diarias. Gonzalez enfatizó la importancia de la educación para sus hijos, afirmando que continuarán asistiendo a la escuela a pesar de la nueva política.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el cambio de política alegando que los criminales explotaban los lugares sensibles para evadir arrestos. Sin embargo, los grupos de derechos condenaron la decisión, argumentando que podría disuadir a las familias inmigrantes de buscar atención médica y asistir a la escuela.
El mismo día, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó el arresto de 308 inmigrantes indocumentados, algunos de los cuales enfrentaban cargos graves, incluyendo asesinato y abuso infantil. El zar fronterizo Tom Homan indicó que esto era parte de un esfuerzo más amplio para apuntar a individuos considerados amenazas para la seguridad pública.
Homan afirmó que ICE continuaría sus operaciones, incluso en las llamadas ciudades santuario, donde los funcionarios locales limitan la cooperación con la aplicación de la ley federal. Dijo que la agencia perseguiría a las personas incluso si las autoridades locales no ayudaban.