El 17 de enero de 2025, Taiwán llevó a cabo su primera ejecución en cinco años, ejecutando a un prisionero condenado por asesinato. Esta acción ha provocado una reacción significativa por parte de organizaciones de derechos humanos en la Unión Europea, que han expresado profundas preocupaciones sobre el compromiso de Taiwán con los estándares de derechos humanos.
La ejecución refleja un debate controvertido dentro de Taiwán sobre la pena de muerte, con defensores que argumentan a favor de su efecto disuasorio sobre el crimen, mientras que los opositores citan consideraciones morales y éticas en contra de la pena capital.
A nivel internacional, el evento ha generado llamados para que Taiwán reconsidere su postura sobre la pena de muerte, especialmente en medio de una creciente tendencia global hacia la abolición. Los grupos de derechos están instando al gobierno taiwanés a alinear sus prácticas con las normas internacionales de derechos humanos.