La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha acusado al gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, de implementar una política represiva tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. El informe de la CIDH, publicado el 8 de enero de 2025, menciona al menos 25 asesinatos, numerosas desapariciones, detenciones arbitrarias, tortura y trato inhumano a opositores del régimen.
Este extenso informe se da a conocer tres días antes de que Maduro asuma su tercer mandato. Afirma que su reelección, en medio de numerosas acusaciones de fraude, carece de 'legitimidad democrática.' El informe describe una estrategia destinada a 'instigar terror' y 'silenciar voces disidentes.' Maduro fue proclamado ganador sin la publicación de los registros electorales, lo que contraviene la ley.
'La opacidad electoral y, en general, las restricciones a los derechos políticos [...] impiden que esta Comisión considere la reelección de Nicolás Maduro como legítima democráticamente,' afirma la CIDH. El informe añade que Maduro no solo ha ejecutado prácticas de 'terrorismo de Estado' para obstaculizar la participación política de la oposición, sino que también ha implementado una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder.
El informe advierte que el régimen dividió su estrategia en tres fases: la primera durante el proceso preelectoral, la segunda el día de las elecciones y la tercera, la más represiva, después de la votación, cuando el gobierno lanzó la llamada 'Operación Tun Tun' en reacción a casi 300 manifestaciones que estallaron en el país debido a la 'percepción de fraude.'
'Esta operación resultó en al menos 25 asesinatos, numerosas desapariciones forzadas breves, alrededor de 2,000 detenciones arbitrarias —incluyendo a niños y adolescentes—, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, y graves violaciones de las garantías judiciales y de la libertad de expresión,' dice el documento.
La CIDH también denunció la falta de separación e independencia del poder judicial, instando a la comunidad internacional a 'reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y mantenerse alerta ante nuevas escaladas represivas.' También pidió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presente una denuncia por crímenes de lesa humanidad.