El 29 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista, aprobó un paquete de enmiendas constitucionales destinadas a consolidar el poder del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ahora designados como 'co-presidentes'. Las reformas fueron aprobadas en una sola sesión sin debate, extendiendo considerablemente el control estatal sobre la prensa y las fuerzas de seguridad.
Las enmiendas colocan efectivamente a todos los demás poderes y entidades autónomas bajo la autoridad del Ejecutivo. Según el presidente de la Asamblea sandinista, Gustavo Porras, las reformas 'modernizan' una constitución que ha sido enmendada 12 veces desde su creación en 1987.
A pesar de ser presentadas como reformas 'parciales' por Ortega, los cambios son sustanciales, eliminando 148 de los 198 artículos del documento original. La historiadora Dora María Téllez, exguerrillera sandinista ahora en el exilio, criticó las reformas por legalizar el 'poder absoluto' que Ortega y Murillo reclaman, fortaleciendo aún más un sistema represivo establecido desde 2018.
Téllez señaló que la designación de 'co-presidentes' aborda las cuestiones de sucesión presidencial, permitiendo que Rosario Murillo asuma el poder total en Nicaragua cuando Ortega ya no esté en funciones, sin necesidad de elecciones. Las reformas también permiten a los co-presidentes nombrar a los vicepresidentes, abriendo así el camino para que los hijos de la pareja entren en la línea de sucesión.
El paquete, que se prevé que reciba la aprobación final en enero de 2025, también extiende los mandatos de los co-presidentes y los 91 diputados de la Asamblea Nacional de cinco a seis años, todos alineados con el partido gobernante.
Las respuestas internacionales a las reformas han sido rápidas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Nicaragua advirtió sobre las consecuencias nefastas para los derechos fundamentales, afirmando que las enmiendas otorgan 'poder ilimitado' a Ortega y Murillo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó las reformas, afirmando que Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto sobre el Estado. En noviembre de 2023, Nicaragua se había retirado de la OEA, acusándola de injerencia.
En respuesta a la avalancha de críticas, Porras afirmó que 'solo el pueblo tiene poder en Nicaragua', desestimando las críticas como oposición mal dirigida. El exfuncionario judicial en el exilio Yader Morazán describió las reformas como 'profundas y totales', argumentando que tales cambios significativos deberían haber requerido una Asamblea Constituyente.
Además, el 25 de noviembre, la Asamblea aprobó por unanimidad una ley destinada a proteger a los nicaragüenses afectados por sanciones extranjeras, dirigida principalmente a funcionarios gubernamentales y sus familias, incluidos Ortega y Murillo. Esta ley busca anular el impacto de las sanciones dentro de Nicaragua, imponiendo multas a bancos e instituciones locales que no las acaten.
Las organizaciones humanitarias informan que cientos de nicaragüenses críticos del gobierno han sido despojados de su nacionalidad o se les ha impedido ingresar al país, dejándolos en un estado de limbo migratorio.