En el Golfo de Vizcaya, un caladero europeo crítico, la coincidencia entre las flotas pesqueras y los delfines comunes ha levantado alarmas. Los pescadores franceses, españoles e irlandeses buscan especies de fondo como la merluza y el lubina, atrapando involuntariamente a miles de delfines en sus redes. Muchos delfines se ahogan o sufren heridas, lo que lleva a un notable descenso poblacional.
En respuesta, Francia implementó este año una prohibición de pesca de cuatro semanas, resultando en una disminución drástica de las muertes de delfines, de un promedio de 6,100 a 1,450 durante los meses de mayor riesgo invernales, según el Observatorio Pelagis.
Esta prohibición protege específicamente a una población de delfines comunes que habita en aguas entre el noroeste de África y Noruega. Tras el éxito de esta iniciativa, la Comisión Europea anunció una prohibición similar para 2025, del 22 de enero al 20 de febrero, afectando a alrededor de 300 buques comunitarios que utilizan métodos de pesca considerados de alto riesgo.
Para reducir aún más las capturas accidentales de delfines, los buques pesqueros deben ahora utilizar dispositivos acústicos llamados pingers, que imitan los sonidos de los delfines, e instalar cámaras para monitorear las interacciones. Sin embargo, los ecologistas abogan por una prohibición total del arrastre pelágico para mejorar la protección de los delfines.
Desde 2016, los varamientos de delfines en el Golfo de Vizcaya han aumentado, especialmente en invierno. Los investigadores sugieren que las concentraciones incrementadas de presas, como sardinas y anchoas, pueden atraer más delfines a la zona, agravando el problema.
Evaluar la efectividad de la prohibición de pesca implica analizar diversas fuentes de datos, incluidos los registros de varamientos de delfines y las condiciones ambientales. Los estudios indican que los pingers bien utilizados pueden reducir las interacciones con delfines hasta en un 90% en algunas pesquerías.
A pesar de estos esfuerzos de conservación, la industria pesquera enfrenta impactos económicos significativos debido a las prohibiciones, con pérdidas estimadas en alrededor de 30 millones de euros por el cierre invernal. Los pescadores argumentan que, aunque están comprometidos con prácticas sostenibles, la carga de las medidas de conservación no debería recaer únicamente sobre ellos.