Tres proyectos de ley destinados a mejorar la protección de consumidores y empresas contra cláusulas abusivas en contratos bancarios estarán en el centro de atención en febrero, ya que el plenario de la Cámara se prepara para votar sobre la legislación.
El primer proyecto, presentado por diputados de Akel, busca mejorar la transparencia y comparabilidad de las tarifas impuestas a cuentas de muy pequeñas empresas. También pretende agilizar los pagos de cuentas dentro de Chipre y facilitar la apertura de cuentas de pago básicas.
La segunda propuesta, presentada por diputados de Disy, se centra en fortalecer los derechos del consumidor durante las negociaciones contractuales y transacciones con bancos.
El tercer proyecto, propuesto por el Partido Verde, busca modificar la ley de protección al consumidor para asegurar que los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley sean examinados bajo el nuevo marco.
Durante la sesión del comité de energía de la Cámara el martes, los miembros decidieron someter los proyectos al plenario para votación el próximo mes. Sin embargo, se expresaron reservas sobre la primera y tercera propuestas, mientras que las discusiones sobre el proyecto de Disy han concluido, dejándolo listo para su presentación.
La oficina del fiscal general expresó preocupaciones sobre la constitucionalidad y el derecho de la UE respecto a la propuesta de Akel. Representantes del ministerio de Finanzas también sugirieron que se realizara un estudio antes de su presentación, dado que el proyecto implica la integración de una directiva de la UE en la legislación nacional.
Enfatizaron la necesidad de definir claramente los servicios básicos requeridos por muy pequeñas empresas y advirtieron sobre posibles riesgos para la estabilidad fiscal.
La defensora del pueblo financiero, Valentina Georgiadou, apoyó la intención del proyecto de ley, pero señaló que los ingresos estimados de 2 millones de euros para pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrían estar sobreestimados. Un representante del Banco Central reconoció los beneficios potenciales del proyecto para las empresas, pero advirtió que podría afectar negativamente los ingresos bancarios.
La asociación bancaria también expresó reservas.
Respecto al proyecto de la Partido Verde, el diputado Stavros Papadouris destacó los retrasos en abordar casos relacionados con cláusulas abusivas de préstamos. Señaló que algunos casos enviados a la oficina del fiscal general para investigación han estado pendientes durante más de cuatro años.
Dijo que las directivas de la UE ofrecían dos opciones para cláusulas abusivas: o se eliminan las cláusulas y el contrato permanece vigente, o se termina el contrato.
Papadouris dijo que era extraño que, por un lado, el Servicio de Protección al Consumidor dijera que los contratos no podían ser impugnados y que las quejas eran desestimadas, y por otro lado, la oficina del defensor del pueblo financiero emitía decisiones que los bancos no aceptaban, obligando a los demandantes a llevarlas a los tribunales.
Un representante de la oficina del fiscal general confirmó que el asunto está bajo revisión, pero no pudo indicar cuándo estaría listo su informe.